Ecuador en una mirada
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Ecuador está ubicado en América del Sur en el paralelo 0°0´0”. Con una extensión de 283.561 Km2, el país cuenta con cuatro regiones biogeográficas: la Sierra, la cual es atravesada por la Cordillera de los Andes, la Costa Pacífica, la Amazonía y las Islas Galápagos. Su geografía contribuye en gran parte a la biodiversidad presente en el país.
Ecuador pertenece al grupo de 12 países megadiversos que en su conjunto representan entre el 60 y 70 % de la biodiversidad del planeta, es decir que el país tiene un importante y único patrimonio natural, base del desarrollo económico, social, cultural y productivo.
En este sentido, es necesario destacar que existen dos zonas de particular importancia en su condición de patrimonios naturales y que requieren de especial atención: las Islas Galápagos y la Reserva de Biosfera del Yasuní (RBY), en la cuenca amazónica. Sin embargo, existe una clara reducción de la superficie natural del país debido al cambio en el uso del suelo, y a los altos niveles de contaminación.
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, al año 2010 el Ecuador tenía una población de 14.483.499 de habitantes, de los cuales 65% vivía en zonas urbanas. Alrededor de 30% de la población se concentra en las principales ciudades, Guayaquil y Quito, con un crecimiento de 1.3% anual. (INEC. 2010), al momento existen 17. 254. 863 habitante
El Ecuador ha vivido una transformación estructural del Estado que ha visto la recuperación de un proceso de planificación nacional y estabilidad democrática prolongada. El Ecuador soportó el deterioro social y laboral en una crisis que significó la pérdida de alrededor de 7% del PIB en el año 2000. Sin embargo, a mediados de la década del 2000 el país retoma cierto ritmo de crecimiento y progresivamente revierte la crisis implementando políticas orientadas a recuperar los ingresos petroleros; fortalecer la inversión pública con la calidad de gasto; y manejar de manera eficiente la política tributaria.
La nueva Constitución, aprobada mediante el referéndum de septiembre del año 2008, propone un modelo de relación entre el Estado, la sociedad, la naturaleza y el mercado, basado en el ideal del Buen Vivir; da un papel protagónico al Estado en la planificación del desarrollo y la economía; propone un nuevo esquema de organización territorial; define nuevos mecanismos de participación ciudadana; reconoce y garantiza los derechos humanos, estableciendo la exigibilidad inmediata y la justiciabilidad de estos derechos, incluso los económicos, sociales y culturales; y, reconoce derechos a la naturaleza.
El sector agrícola
En cuanto a la estructura agraria ecuatoriana, permanece la división entre la Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con graves distorsiones. A saber, la Agricultura Empresarial concentra 80% de la tierra en un 15% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs), utiliza el 63% del agua para riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la agroexportación. La Agricultura Familiar representa el 84,5% de las UPAs con una concentración de 20% de la tierra, cuenta con 37% del agua para riego y se dedica principalmente a la producción para la satisfacción de las necesidades básicas.
Más del 64% de la producción agrícola nacional está en manos de pequeños productores. La mayoría de los alimentos consumidos en el Ecuador provienen de la AFC (60%). De igual manera, la AFC contribuye con la oferta de productos de exportación, alrededor del 80% de las UPAS de cacao y 93% de las UPAS de café. Existe un crecimiento importante de los envíos realizados por exportadoras campesinas.
Los cultivos de exportación concentran casi la totalidad de la demanda de agua, mientras los cultivos de ciclo corto, en manos de la AFC, no captan ni siquiera el 50% de la demanda. Aun bajo estas circunstancias, el sector agropecuario emplea al 38% de la Población Económicamente Activa (PEA), y para el año 2010 llegó a representar el 17,3% del PIB total. Se estima que del total de empleo en el área rural, el 84% corresponde a empleo agrícola, siendo la primera fuente de trabajo (ENEMDU, 2011).
Es por estos motivos que el Gobierno Nacional se ha establecido como prioridad el fortalecimiento de la AFC, a través del desarrollo de economías solidarias rurales, la redistribución y acceso a activos productivos, la innovación tecnológica y la ampliación de capacidades productivas.
En el marco jurídico, tanto la Constitución Nacional del 2008, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, y la Ley de Soberanía Alimentaria – LORSA consideran a los/as pequeños/as productores/as como sujetos prioritarios de la política pública y privilegia a la agricultura campesina por sobre la agricultura de exportación. Con esto se provee de políticas públicas redistributivas que permiten el acceso a los campesinos a activos productivos al igual que prever el derecho al acceso al agua y la alimentación. La LORSA, a su vez, exige la definición de 8 leyes fundamentales para el desarrollo rural que deben considerarse: Ley de Tierras, Ley de Agro-Biodiversidad y Semillas, Ley de Comunas, Ley de Territorios, Ley de Desarrollo Agrario, Ley de Agroindustria y Empleo Rural, Ley de Sanidad Animal y Vegetal, Ley de Acceso de los Campesinos e Indígenas al Crédito Público.
Patrimonio Natural
Como parte de las metas de la Política Ambiental Nacional se propone: incrementar en 5% el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental; reducir en 30% la tasa de deforestación; remediar el 60% de los pasivos ambientales; reducir en 40% la cantidad de PBC; reducir en 60% la cantidad de plaguicidas (Contaminantes Orgánicos Persistentes – COPS); y reducir al 23 % el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de ecosistemas a cambio climático, y al 69% el nivel de amenaza promedio (MAE, 2011).
De acuerdo a datos de la FAO, Ecuador tiene la tasa de deforestación más alta de Sudamérica (1,8% como promedio anual entre 2000 y 2008), que se calcula en 198 mil hectáreas por año, valor que no ha declinado desde 1990. Si estas cifras son correctas, se argumentaba que se requeriría de una reducción anual de deforestación de 63,7 mil hectáreas, mediante la cual se lograría reducir la tasa de deforestación en 30% hasta el 2013, esto es, desde 1,74% hasta 1,22%.
A fin de mitigar el impacto de la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, el Estado ha puesto en marcha programas como “Programa Socio – Bosque” y el “Programa Nacional de Forestación y Reforestación” que se plantea la reforestación de 1 millón de hectáreas en un periodo de 20 años, que en promedio significan 50 mil hectáreas al año. En el plan se establecen metas específicas para diferentes fines de reforestación: establecer 750 mil hectáreas de plantaciones industriales, 150 mil hectáreas de plantaciones agroforestales y 100 mil hectáreas de plantaciones de conservación y protección. En efecto, se han emprendido programas que promueven la disminución de presiones en los bosques naturales y al mismo tiempo generan empleo, fomentan la producción de energía renovable, y contribuyen a la mitigación del cambio climático (MAE, 2011).
Los impactos derivados del cambio climático requieren de medidas de adaptación a ser puestas en práctica por las comunidades afectadas y los gobiernos locales concernientes. El Ecuador se ha sumado a compromiso mundial en esta materia, a través de la adopción del Marco de Acción de Hyogo, para reducir las vulnerabilidades frente a las amenazas naturales hasta 2015. Por su parte, la nueva Constitución incorpora la gestión de riesgo en la lógica de desarrollo del país, mediante la conformación de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y su marco institucional correspondiente.
Es importante considerar los desastres naturales, que son una realidad recurrente en el Ecuador y que se constituyen en un freno considerable al desarrollo, en particular al del sector agrícola y ganadero. Por este motivo la gestión de riesgos se convierte en un área de intervención prioritaria, en la cual se establecen políticas y estrategias orientadas a la educación, fomento de la reducción y transferencia de riesgos de desastres, y promoción de prácticas de preparación, respuesta y recuperación para casos de desastre, con el objetivo de prever la seguridad humana y la calidad de vida. Asimismo, el Plan Nacional para el Buen Vivir incorpora claramente la dimensión de gestión de riesgo y desarrollo sustentable.
En cuanto a las acciones del Estado para afrontar al cambio climático, en armonía con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el gobierno cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio Climático que contendrá el Plan Nacional de Adaptación, el Plan Nacional de Mitigación y el Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento de Condiciones.
Este instrumento define los siguientes sectores prioritarios para la intervención hasta el 2025: 1) Agricultura, ganadería y soberanía alimentaria; 2) Pesca y acuacultura; 3) Salud; 4) Recursos hídricos; 5) Ecosistemas naturales; 6) Grupos humanos vulnerables; 7) Turismo; 8) Infraestructura; 9) Asentamientos humanos. Así mismo, la Política Ambiental Nacional contempla tres ejes estratégicos: 1) Mitigar los impactos del cambio climático y otros eventos naturales y antrópicos en la población y en los ecosistemas; 2) Implementar el manejo integral de riesgo para hacer frente a los eventos extremos asociados al cambio climático; y 3) Reducir las emisiones de GEI en los Sectores Productivos y Sociales (MAE, 2009). En concordancia con esta política trans-sectorial, se destaca la Política 5 relacionada a los recursos hídricos en donde se establece como meta reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos y mitigar los impactos ocasionados por eventos naturales y antrópicos para lo cual se plantean dos ejes estratégicos: 1) La gestión de la información y el conocimiento sobre riesgos asociados a la oferta y disponibilidad hídrica; y 2) El desarrollo de lineamientos para incluir la prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climáticos en la gestión integral de los recursos hídricos (SENAGUA, 2011).
Sanidad animal y vegetal
El tema de Sanidad Animal y Vegetal también prioritario para el Estado por cuanto ha desarrollado la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, y se ha incluido en la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria – LORSA, en donde se estipula que se prevendrá y controlará la introducción y ocurrencia de enfermedades de animales y vegetales, así como promover prácticas y tecnologías de producción, industrialización, conservación y comercialización que permitan alcanzar y afianzar la inocuidad de los productos.
De igual forma, en la región empiezan a surgir los Sistemas Participativos de Garantía–SPG, que benefician a miles de productores que destinan su producción al mercado local dando un reconocimiento o certificación al producto como “orgánico”. En el Ecuador, este mecanismo ha empezado a consolidarse en beneficio de los procesos organizativos y de representación de los pequeños productores. En este sentido, se ha identificado como un área para asistencia técnica por parte de la FAO, debido a la experiencia que tiene en el sector. Es importante tener una visión integral de este sector, en particular de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, que es una entidad de autogestión, de derecho público y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura.
De igual forma, se busca la articulación con el Sistema de Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Alimentos – SISCAL al igual que la realización de una sistematización de los datos, estadísticas e información relevante con el fin de actualizar la Base legal Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, al igual armonizarla con las directrices y acuerdos internacionales. De igual forma, la Sanidad Animal y Vegetal es instrumental en la implementación de la Agenda para la Transformación Productiva.
Fuente: FAO
