Viigilante de tránsito es llamado a juicio por falsificación y uso de documento falso
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR) Por. Fabrizzio Obando Laaz
La jueza de la Unidad Judicial Penal Norte, Gianella Noritz Murillo, llamó a juicio por falsificación y uso doloso de documento público al vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas CTE), Roberth Arnulfo Bone Barzola.
Durante la audiencia de llamamiento a juicio, realizada en la Unidad Penal Norte Albán Borja de Guayaquil, la fiscal Maribel Figueroa, mostró indicios que hacen presumir que el uniformado falsificó documentos de identidad y otros para desbloquear el automóvil Mitsubishi Lancer gris, de placas PCL-0109, que había sido robado el 1 de julio de 2007 en Quito.
Según la fiscal Figueroa, durante su exposición, el dueño del carro, Reinaldo Pozo Montenegro, conoció que el automotor estaba en poder del vigilante de tránsito, en agosto de 2018, cuando se acercó a matricular otro vehículo de su propiedad.
En la CTE le manifestaron que el vehículo Mitsubishi estaba inmerso en varias infracciones de tránsito, entre ellas, el atropellamiento al conductor de una bicicleta en octubre de 2015. Lino Montenegro Rosero, sobrino del propietario del auto, en la denuncia presentada ante la Fiscalía, manifiesta que el desbloqueo del carro robado a su tío había sido tramitado por el sargento de la CTE, Robert Bone, en octubre de 2011, cuando la Policía había encontrado el automotor en Daule.
Para la devolución, el agente de la CTE había presentado una carta de compra venta del 17 de octubre de 2011, cuyo reconocimiento de firmas había sido realizado el 18 de noviembre del mismo año ante la notaría décima novena del cantón Guayaquil, Ketty Romoleraux, para lo cual presentó la copia de la cédula de ciudadanía del dueño del automóvil, Reinaldo Pozo, cuya foto, firma, serie y número de huellas digitales no le pertenecen.
El denunciante y apoderado del propietario del automóvil en la audiencia ratificó que el agente Bone, ante las evidencias que lo incriminan, le pidió no causarle daño y se comprometió a pagar las multas que superaban los $ 700. Además pidió que no se lo denunciará a la Fiscalía y que le iba a comprar el carro en $ 8.500, pero no cumplió. Durante el proceso investigativo el agente de la CTE dijo que había adquirido el carro en 2011 de buena fe a Doris Cisneros Álava, quien lo hacía a nombre del esposo del propietario, pero la Fiscalía demostró que la verdadera esposa había fallecido en 2007, 2 meses antes del robo del vehículo.