Rector Interventor de la UG afirma que si no se hace una reingeniería y optimización del personal no se podrá efectuar la revalorización y recategorización

Como es de conocimiento público, la Universidad de Guayaquil se encuentra en un proceso de intervención por la grave conmoción interna, no aplicación de la Constitución y normatividad legal, irregularidades, ineficiencia e ineficacia en las administraciones anteriores.  La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil presidida por el Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, trata de encontrar soluciones a los problemas detectados, desde que se dispuso la intervención por parte del Consejo de Educación Superior; como el ingreso de más de 1.300 personas con contratos ocasionales, durante los últimos 5 años, sin que todos sean realmente necesarios.

El Rector Interventor afirma que si no se hace una reingeniería y optimización del personal contratado innecesariamente, no se podrá efectuar la revalorización y recategorización de los profesores titulares, ni destinar recursos a la inversión en investigación y docencia.

La Universidad de Guayaquil, en régimen de excepción por la crisis que atraviesa, no es ajena a la aplicación de la ley de austeridad vigente, promulgada desde el Gobierno Central; por ello, promueve la regularización y racionalización del recurso humano, presupuestario, académico y administrativo, planteando una reestructuración e intervención integral.

Los contratos ocasionales, como su nombre lo indica, son por ocasión y no existe obligación de renovarlos. Es potestativo de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a su necesidad y conveniencia la renovación de los mismos. “En casos estrictamente necesarios, se renovarán los contratos que se justifiquen, y se contratarán reemplazos, cuando el personal saliente haya tenido una mala actuación, desempeño académico ineficiente o no reúna los requisitos exigidos por ley”.

La administración advierte que muchos de estos profesores, ya están utilizando a los estudiantes políticamente para que reclamen por ellos, presionando y persuadiendo a las autoridades para la renovación de los contratos. Ante estos hechos la CIFI-UG aclara que no acepta influencia ni presión de ninguna clase y que toda decisión que se tome, será en beneficio de la comunidad universitaria y sus estudiantes.