EL ABORTO ES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y DEBE SER DESPENALIZADO
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
La Plataforma por la Salud y la Vida, frente al debate legislativo sobre la despenalización del aborto en casos de violación, exhorta a la sociedad ecuatoriana a procurar un abordaje integral, laico, con visiones amplias y científicas de este gravísimo problema de salud pública, en el que es imperioso e impostergable despojarse de sesgos ideológicos y dogmáticos, y de cualquier otro enfoque fundamentalista que desnaturalice la exigencia de derechos de las mujeres víctimas de violencias.
Entre las funciones más importantes de una sociedad organizada está la de proteger la salud de la población. Según el estudio «Vidas Robadas», 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan anualmente en Ecuador, 80% como consecuencia de violación, estupro o abuso sexual, en su círculo familiar o social. Ecuador es el tercer país en la región con el mayor número de embarazos entre 10 y 19 años, un índice que sube en lugar de bajar. Adicionalmente, los estudios demuestran que los embarazos adolescentes son traumáticos, más proclives a terminar en partos prematuros o complicaciones obstétricas.
El estudio de costos de omisión en salud sexual y reproductiva (2015) demuestra que los embarazos no deseados le cuestan al Estado 331 millones de dólares al año, 5 veces más que una política de prevención, acceso a anticonceptivos de calidad y educación sexual. En Ecuador, los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna, un 15,6% del total de muertes, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021. Este mismo Plan refiere que no existen datos oficiales de la magnitud de abortos clandestinos, los mismos que son forzados por la legislación que los penaliza, sin embargo, es evidente que se trata de un grave problema de salud pública.
En Chile y Perú se estima que por cada mujer que se hospitaliza por un aborto, hay 7 que no se hospitalizan y por tanto no se registran. Este hecho, que puede ser similar en el Ecuador, constituye un enorme riesgo para la vida y salud de las mujeres, sujetas además a una gran inequidad de acceso a servicios de salud reproductiva de calidad. Las políticas de oferta de servicios de anticoncepción y de educación sexual no se han expandido a pesar de la gran inversión que hubo en el sector salud en los últimos años.
La realidad de violencia contra la mujer en el Ecuador exige que, hasta que ésta no se erradique, se la proteja de sus consecuencias, en lugar de obligarla a llevar a término un embarazo forzado o realizarse un aborto con enorme riesgo para su salud física y mental, y además ser judicializada por hacerlo. Solo entre 2013 y 2017 se criminalizó a 326 mujeres, incluso en casos de aborto espontáneo.
El mayor impacto en países en que se ha despenalizado el aborto ha sido la reducción de la mortalidad materna y morbilidad relacionada, ya que así se aseguran condiciones sanitarias adecuadas para proteger a las poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a abortos seguros.
En este contexto es urgente actuar desde la perspectiva de la salud pública, para prevenir muertes de mujeres, niñas y adolescentes. La forma más efectiva de evitar esas fatales consecuencias es despenalizando el aborto en caso de embarazos por violación, estupro, incesto e inseminación no consentida.
La sociedad ecuatoriana ha dado grandes pasos en la conciencia sobre la despenalización del aborto y es necesario que este avance en la conciencia ciudadana se traduzca en una reforma concreta del Código Orgánico Integral Penal, para que las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas puedan acceder libre y voluntariamente al aborto en condiciones seguras, al menos en los casos de violación, estupro o incesto, sin el temor a ser denunciadas por el personal de salud que las atiende y a ser condenadas por una decisión vital.
La Plataforma por la Salud y la Vida, es un espacio de acción conjunta de varias organizaciones y personas que luchan por el derecho a la salud sin inequidades.
