REFORMAS AL CÓDIGO MONETARIO APOYARÁN A PERJUDICADOS POR CIERRE DE COOPERATIVAS
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
La creación de un fideicomiso es una de las iniciativas viables que planteó el legislador Esteban Bernal para solucionar la situación de los 23 mil perjudicados por el cierre las cooperativas de ahorro y crédito, así lo manifestó la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria en el marco del análisis de las reformas al Código Monetario y Financiero de la Comisión de Régimen Económico.
Mencionó que desde el 2007 hasta el 2012 se crearon 463 cooperativas que representan el 46% del total controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A partir de 2015 se realizó la segmentación de estas instituciones por el número de activos de ahorro y crédito.
Indicó que desde la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, han entrado en liquidación 319 entidades, a las que se suman 10 liquidadas por la exDirección Nacional de Cooperativas. Se han extinguido 114 y hasta septiembre de 2018 hay 215 cooperativas de ahorro y crédito en liquidación. Existen 21 sentencias condenatorias contra sus administradores.
Hernández señaló que se liquidó al 96% del total de depositantes. De los 17 mil acreedores pendientes de pago, 5.174 tienen acreencias menores a 50 dólares, es decir el 29% que no se ha acercado a cobrar.
En el proceso de liquidación de las cooperativas hubo dificultad en la recuperación de la cartera, problemas legales en la venta y embargo de bienes, presiones ejercidas por los deudores y acreedores de las entidades, falta de recursos para acciones judiciales en recuperación de activos y en la defensa de los liquidadores, así como inconvenientes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas por deudas de exadministradores.
La superintendenta aclaró que la criticidad de una entidad en liquidación se determina en función de su tamaño, dificultad de cobro de cartera, tiempo de liquidación y número de depositantes.
Al referirse a los procesos de supervisión mencionó la necesidad de ampliar a tres años el plazo para el programa de supervisión extensiva.
De su lado, Vinicio Salazar, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Bancos, entregó sus observaciones al proyecto. Señaló que el programa de supervisión intensiva, en ningún caso podrá tener un plazo superior a dos años, para detallar un cronograma las acciones y medidas para que la entidad solvente su situación.
Desde el punto de vista técnico y legal, explicó, una entidad financiera llega a supervisión intensiva porque se encuentra con perfil de alto riesgo, con graves problemas para operar. En tal sentido, aumentar el plazo de supervisión intensiva, podría deteriorar más la condición de la entidad financiera, lo que redundaría en una mayor afectación a los depositantes, por lo tanto, no se considera acertada la propuesta de reforma.
Los comisionados escucharon a Gustavo Quito, Edison Camino, presidente y vicepresidenta, respectivamente de la Unión Nacional de Perjudicados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en liquidación; y a Francisco Merchán y César Briceño, representantes de los perjudicados de la provincia de Loja, quienes señalaron que hay un inadecuado control por parte del Estado y que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no lleva un trabajo eficiente, razón por la cual provoca el cierre de cooperativas perjudicando a miles de personas. Apoyaron el proyecto planteado por el asambleísta Esteban Bernal.
