Por la fuga de Alvarado destituyen a 20 funcionarios del sistema judicial
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
En rueda de prensa ofrecida, el 21 de octubre de 2018, a los medios de comunicación el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (e), Paúl Granda, informó que el usuario Fernando Alvarado Espinel, incumplió la disposición judicial que le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (DVE), el mismo que fue colocado el 9 de agosto del presente año.
Andrés Michelena, secretario de Comunicación de la Presidencia, durante su intervención realizó un recuento de los indicios de responsabilidad penal por los cuales Fernando Alvarado es ahora prófugo de la justicia ecuatoriana. Además, anunció la enajenación de bienes de familiares del ex secretario de Comunicación.
El ministro de Justicia (e), Paúl Granda, expresó el compromiso del Gobierno ecuatoriano en la lucha contra la corrupción con firmeza. “Hemos pedido al señor Fiscal que tome las medidas que corresponden con la celeridad del caso (…)”.
Eliana Pacheco, directora nacional de Monitoreo, brindó una explicación sobre el rastreo del Dispositivo de Vigilancia Electrónica. “(…) Se traslada (Alvarado) a Quito, se moviliza por toda la Ruta Viva hasta las 22h21 , del día 19 de octubre. El día 20 de octubre (…) a las 14h57 en el redondel del Ciclista, fue encontrado el dispositivo”, dijo.
Granda afirmó en varios medios de comunicación que este tema “sin duda alguna ha generado una conmoción nacional el Gobierno está luchando contra la corrupción y eso es importante decirlo. Hay firmeza del ejecutivo; lo que sucede con el señor Alvarado es preocupante”. Somos responsables de la aplicación de una medida sustitutiva, hemos tomado la decisión de separar a 20 funcionarios para investigar casos de omisión”, dijo.
Además, el Secretario de Estado (e) subrayó que se llegará hasta las últimas consecuencias; “hay que revisar si el sistema de Dispositivos de Vigilancia Electrónica (DVE) está funcionando bien. Tenemos que investigar qué pasó en el protocolo de control”.
Asimismo, detalló que “la jueza debía definir si era una persona con alto riesgo de fuga, esa valoración es permanente (…); se debió tomar medidas oportunas”. Es por esto que “hemos aplicado toda una estrategia de búsqueda internacional (…); creemos que es imprescindible que las instituciones cumplamos con las funciones que nos corresponde y estar articulados”, manifestó Granda.
Acerca de las acciones planificadas, subrayó que hoy se realizará una reunión con todas las instituciones del Estado y que espera obtener el compromiso de cada una y que en el Ministerio de Justicia se han tomado acciones radicales sobre este tema.
Sobre los 31 casos que están con prohibición de salida del país, el titular (e) de Justicia manifestó que hay un proceso avanzado de investigación y existirían responsabilidades penales. “Estas resoluciones deben ser de carácter judicial necesitamos que la Fiscalía General del Estado también presente sus argumentos con celeridad. Hay que reconocer que la lucha contra la corrupción lleva un año y medio; estamos luchando contra poderes muy complejos, no solo políticos sino económicos, esta es una lucha de toda la sociedad”.
Para finalizar, Granda se refirió sobre la versión de Pablo Yánez, ex subsecretario de Comunicación, e informó que este proceso investigativo lo lleva la Fiscalía, institución que tiene toda la voluntad de colaborar con la información.
