Benavides recalcó que “los derechos de las personas usuarias y consumidoras se originan en una relación de consumo, son un vehículo social de protección para alcanzar una vida con dignidad, porque están interrelacionados con derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, la libertad, la igualdad, etc. En Ecuador no es frecuente hablar, debatir y promover la exigibilidad de los derechos de las personas consumidoras…por lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos quiere, a través de este conversatorio, poner en la mesa del debate la necesidad de presentar propuestas para el fortalecimiento y la tutela de estos derechos”, enfatizó.
A continuación de las palabras de la Defensora del Pueblo, el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Rojas -mediante videoconferencia- dio el abreboca para situar la responsabilidad de los Estados en el desarrollo de políticas públicas integrales que establezcan mecanismos de protección de derechos para las y los consumidores, principalmente, para personas con discapacidad, adultas mayores y grupos de atención prioritaria.
El primer panel trató sobre “Los derechos Humanos y su relación con los derechos de consumidores”, con la participación de Hugo Gómez Apac, Magistrado peruano del Tribunal de la Comunidad Andina de Nacional; María José Troya, Directora de la Tribuna del Consumidor y miembro de “Consumers International”; Susy Garbay, docente de la Universidad Central; y, Francisco Hurtado, Adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo.
El segundo bloque de panelistas conformado por Paola Campaña, representante del Consejo de la Judicatura; Alejandro Ponce, experto litigante; y, Paulina Murillo, Adjunta de Usuarios y Consumidores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, abordaron la temática sobre “El ejercicio de los derechos de las personas consumidoras en el Ecuador”.
Este evento servirá para desarrollar una memoria del evento que será presentada, a manera de propuesta oficial, a las entidades públicas, empresa privada y organizaciones sociales que trabajan en la protección y respeto de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el país, con el objetivo de integrar esfuerzos y espacios de trabajo para generar un real ejercicio y respeto de estos derechos, tomando en consideración que ecuatorianos y ecuatorianos, en algún momento, formamos parte del grupo de personas consumidoras de bienes o usuarias de los servicios públicos.
