GESTIÓN PARA RESULTADO EN EL DESARROLLO INSTRUMENTO QUE DEBERÍAN APLICAR LOS GAD’S PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Desde el 2005 varias organizaciones multilaterales y gobiernos de todo el mundo vienen documentando la efectividad del enfoque de Gestión por Resultado en en Desarrollo (GpRD), para lograr cambios significativos en el impacto que la actividad del sector público tiene en la calidad de vida de la población. Todos los años se producen documentos que sistematizan esas experiencias tanto en el ámbito de los gobiernos nacionales como de los subnacionales.
Los libros de consulta sobre buenas prácticas en la Gestión para Resultados en el Desarrollo muestran la manera en que las distintas agencias de todo el mundo están alcanzando una mayor eficacia y eficiencia en los esfuerzos por desarrollar sus países. Además, proporcionan a los profesionales y a los directivos públicos casos de estudio y ejemplos de prácticas de cómo implementar la GpRD.
Esta herramienta se enmarca en los compromisos que 88 gobiernos, 26 organizaciones multilaterales y 15 organizaciones de la sociedad civil asumieron en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo, en marzo de 2005. Un estudio reciente señala que la burocracia dominante en la región muestra sistemas de empleo fragmentados, promociones más próximas al patronazgo que al mérito, directivos sujetos a designación y remoción política, entre otras distorsiones sustentadas —con pocas excepciones— en la implacable lógica político-electoral que domina los sistemas de función pública (Iacoviello y Pulido, 2008).
La Nueva Gestión Pública (NGP) es una corriente gestada en la década de 1970 por los países desarrollados que promueve la incorporación de una perspectiva gerencial en la administración del Estado. Propone reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos, basado en los principios de la jerarquía burocrática, la planificación, la centralización y el control directo, por una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia. En otras palabras, promueve ir de la administración pública a la gerencia pública.
Entre los múltiples instrumentos y enfoques generados por la NGP en la perspectiva de fortalecer la capacidad del Estado para promover el desarrollo, se encuentra la “gestión para resultados, que es un marco de referencia. cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados) a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones” (BID y CLAD, 2007).
La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajo estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la Ley, la concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno. En este caso las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas. Se pierde previsibilidad sobre el futuro de la organización o del sistema. Debilita el desarrollo y causa un creciente abuso de los derechos humanos. Distorsiona las operaciones de los mercados y priva a la gente común de los beneficios que se derivan de ellos. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos contribuyan al desarrollo y bienestar social. Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular.
Y en este caso los sistemas administrativos de la Cosa Pública de Nuestro País dan mucho que pensar y son sistemas que ayudan a aplicar la corrupción a los gobiernos de turnos, esto por no tener un control que venga del estado y no de los gobernantes que por lo general no son de fiar, esto por lo demostrado durante las últimas 4 décadas por los políticos que nos han gobernado un más corrupto que el otro.
Por lo tanto, la implementación de la GpRD no descansa solamente en los ministerios productores de bienes o servicios, como los sectoriales, sino también en los ministerios centrales de Planificación y Finanzas, pues estos son los entes encargados de regir el funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Gestión Pública (SNGP) que realizan importantes procesos para la creación de valor público.
En este contexto, y partiendo de los conceptos hasta aquí señalados, se define la GpRD “como una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país”.
La GpRD conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad. Por tanto, un elemento clave para su implementación es la medición de los cambios producidos por esa acción. Esto supone contar con instrumentos que capten esas variaciones, con sistemas que procesen la información, y con procedimientos que incluyan el análisis de los datos en la toma de decisiones, elementos no siempre presentes en la administración del Estado.
La implementación de la GpRD requiere innovaciones sustantivas en la gestión del sector público, por lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que normalmente trasciende varios períodos gubernamentales. Estas innovaciones pueden requerir, entre otras cuestiones, modificaciones del marco legal e institucional de los SNGP; búsqueda de consensos entre las funciones del Estado; capacitación permanente de los funcionarios públicos; alineación de los distintos componentes del ciclo de gestión; y nuevas estructuras organizacionales que fomenten la coordinación y el trabajo conjunto, en lugar de la competencia y el trabajo aislado. Todo ello conlleva procesos complejos de ensayo y error en los que intervienen varios actores: las autoridades políticas nacionales, los gerentes públicos, la asamblea, la oposición política, los organismos de control, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos subnacionales y el sector privado.
Fuente Banco Interaméricano de Desarrollo (Curso: Gestión para el Resultado en el desarrollo)
