Tradicionalmente, este campo estaba representado por los convenios internacionales y organismos creados para el cumplimiento de los mismos. Tal es el caso de instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual buscar proteger los derechos de los pueblos indígenas y es de aplicación obligatoria para los países firmantes; y el rol que cumplen instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Diversos bancos de desarrollo también han venido implementando –con variantes en su alcance y funciones- mecanismos independientes de quejas y rendición de cuentas, respondiendo de esta manera tanto a decisiones propias como a pedidos de la sociedad civil. Ejemplos incluyen el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual complementa el trabajo regular que realiza su equipo de Salvaguardas Ambientales y Sociales; y el Servicio de Atención a Reclamos y Panel de Inspección del Banco Mundial.
Otros mecanismos disponibles, que no son tan conocidos, pero que en algunos casos cuentan con una alta cobertura, son los proporcionados por los tratados de libre comercio. Son un importante complemento a los mecanismos de quejas de los bancos de desarrollo.
Los textos de diversos acuerdos de promoción comercial entre Estados Unidos y países de Norte, Centro y Sudamérica, por lo general incluyen provisiones para asegurar la aplicación de la legislación ambiental de los países y partes firmantes de estos convenios. Al ser tratados internacionales, estos se convierten en parte del marco jurídico aplicable a dichos países, proporcionando la base legal para implementar medidas necesarias para abordar los potenciales desafíos socioambientales.
En el caso del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, por ejemplo, recientemente se creó la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental. Esta Secretaría brinda una herramienta adicional a las normativas existentes para que los ciudadanos puedan participar activamente en el cuidado del medio ambiente, además de brindar una oportunidad a ambos gobiernos de comunicar a la ciudadanía las acciones que vienen tomando respecto a la aplicación de la legislación ambiental en sus respectivos países.
Estos mecanismos de quejas se constituyen como una herramienta que empodera a la sociedad civil, facilitando el establecimiento de un nexo entre la población potencialmente afectadas y las entidades gubernamentales involucradas en la implementación de proyectos de inversión. Estos mecanismos, y los medios de comunicación virtual actualmente existentes, permiten a las poblaciones potencialmente afectadas contar con un canal de atención por parte de instancias creadas específicamente para este propósito, a los cuales pueden acceder aun cuando estas se encuentren a miles de kilómetros de los lugares donde se implementan los proyectos.
Para Noti-América (Ecuador). Es muy importante compartir con nuestro lectores este tipo de temas que en gran parte nos ayudan a conocer como los países de Latinoamérica y el Caribe, están aplicando procedimientos que están encaminados a involucrar La Participación Ciudadana y de este modo hacer que los ciudadanos se empoderen de los procesos de desarrollo de sus sectores.
El articulo es tomado de los datos ambientales del Banco Interaméricano de Desarrollo.
Por Dino Delgado (Fotografía: Thomas Müller/SPDA)
