Asamblea Nacional dio paso a la Ley Orgánica de Fomento Productivo
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
La denominada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal pasó el segundo debate del pleno con 73 votos afirmativos, 28 en contra y 26 abstenciones. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dejó el viernes listo el informe para el segundo debate del proyecto que remitió el Gobierno con el carácter de urgente en materia económica, el pasado 24 de mayo.
El pasado martes el pleno discutió el proyecto pero la sesión se suspendió luego de más de cuatro horas con el objetivo de tratarlo el pasado jueves 21 . La segunda legislación económica del gobierno de Lenín Moreno, aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, fue concebida con la intención de proveer al Estado de liquidez en corto plazo, incentivar la producción nacional, allanar el camino para captar más inversión y configurar parámetros para el manejo del endeudamiento público.
Durante el debate, que duró al menos cinco horas, la normativa urgente recibió una serie de críticas por parte de las bancadas de oposición y la correísta. Tal vez por ello, a la par que se desarrollaba el debate, en un sector contiguo al Pleno se incluían ciertos cambios en el proyecto, siempre supervisados por Albornoz.
A ese sector, donde estaba el equipo administrativo de la Comisión se acercaron asambleístas de distintas bancadas como Jorge Yunda, Henry Kronfle, Luis Pachala, Wilma Andrade y Ximena Peña, con propuestas de cambio de las que también opinaba un asesor del Ministerio de Finanzas.
Según la Comisión de Desarrollo Económico, la normativa llegó al segundo debate con un 40% de cambios de fondo y de forma según el proyecto original del Ejecutivo. Durante el tratamiento, la Comisión parlamentaria recibió 200 observaciones por escrito y a 56 representantes de los sectores público y productivo privado.
Dentro de los cambios en cuanto a la remisión de intereses, multas y recargos se incluyó, por ejemplo, a deudores del Banco Nacional de Fomento (BNF) en liquidación para obligaciones de hasta 50.000 dólares así como a los créditos educativos y becas. En el texto original del Ejecutivo se planteaba estas exenciones para grandes grupos económicos, lo que generó cuestionamientos de varios sectores.
Sectores productivos agremiados en el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) califican al cuerpo legal como “un gran paso” para lograr el sostenido crecimiento de la economía y recuperar el empleo adecuado. Es un instrumento que reactivará la producción, creará más empleo e impulsará la inversión con incentivos a exportadores, dijo este viernes 22 de junio Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), en una entrevista radial.
El texto debatido el jueves 21 del 2018, en la Asamblea Nacional, indica que los interesados deberán cancelar el capital con ciertas facilidades. Por ejemplo, en el caso del Servicio de Rentas Internas (SRI), los contribuyentes con ingreso promedio neto mayor a 5 millones de dólares, en los últimos tres años, podrán honrar el capital en 90 días y para el resto hasta en dos años.
Respecto del Impuesto de la Salida de Divisas (ISD), en cambio, se determinó que el gobierno podrá reducir gradualmente este tributo hasta su desaparición a partir del 2019, no sin antes contar con un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sobre las nuevas inversiones, la nueva Ley impulsará la exoneración del pago del impuesto a la renta por 10 años en todas las ciudades del país, excepto Guayaquil y Quito. Mientras que en la zona urbana de Quito y Guayaquil la exoneración será de 8 años a las empresas que efectúen inversiones. Y en las zonas fronterizas, deprimidas y de la región amazónica será de 20 años.
Además, se han generado dos incentivos para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas: el aumento en límites de deducción de gasto para capacitación del 1% al 5% de gastos de sueldo; y la creación de un fondo de garantías para fomento productivo en base a utilidades de la banca pública, con énfasis en el sector asociativo.
