Dentro de las secuelas de los actos de corrupción surgido en el anterior régimen, siguen apareciendo actos que avergüenzan a la sociedad ecuatoriana, esto se da porque un gran porcentaje de funcionario del correismo sigue en puestos claves del nuevo gobierno. A esto se suma la nueva denuncia que el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, ha presentado esta mañana en una rueda de prensa sobre un audio de una conversación telefónica entre el excontralor Carlos Polit, prófugo en Miami, y el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, en el que hablan de ponerse de acuerdo para destituirlo del cargo “antes que termine el año.
En dicha conversación se evidenciaría el presunto interés de Serrano de sacar al Fiscal General del Estado de sus funciones “antes de que se termine el año” ya que “él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo”, según dio a conocer Baca. Ante este audio, el Fiscal General de estado recordó que “El pasado 17 de enero de 2018, le anticipé al país que detrás de los ataques al Fiscal General del Estado se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de Corte Nacional para quienes el Fiscal resultaba un peligro.”
En dicho audio también se evidencia el intercambio y la manipulación de documentos en complicidad de “la amiga”, ante lo que Baca Mancheno manifestó que “Independientemente de que me mantenga o no como Fiscal General del Estado, el Ecuador entero debe conocer esta evidencia del contubernio para impedir que sigamos combatiendo la corrupción, así como para que se entienda por qué durante todas estas semanas he sido atacado sin sentido, ni razón. Ustedes lo han escuchado: no cesarán en su cometido, tal vez con nuevas mentiras y forjamientos, tal vez con otros o los mismos mediocres operadores o tal vez con otros métodos.” Para finalizar el Fiscal responsabilizó a José Serrano de cualquier ataque a su vida, la de su familia y sus colaboradores.
Cabe recalcar que la fiscal general subrogante, Thania Moreno, inició una investigación previa contra Baca por su presunta participación en el delito de peculado, debido a un informe con indicios de responsabilidad penal, cuando él se desempeñó como presidente de la Comisión 30-S, instancia designada por el entonces mandatario Rafael Correa por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.