INCONGRUENCIAS EN LA GESTIÓN DEL RIEGO

Una tajante conclusión señala que de 1,5 millones de hectáreas con infraestructura de riego, apenas el 60% es medianamente utilizado, profundizándose esa brecha al agregar los daños del terremoto del 16 de abril de 2016 que dejó graves averías a los canales de los románticos proyectos manabitas, dolorosamente no recuperados hasta ahora por la desidia pública. La mayor ineficiencia corresponde a los sistemas estatales susceptibles de optimización con nuevas técnicas de uso, de distribución, regulación de caudales y mantenimientos oportunos, tanto es así que un informe oficial destaca que solo el 9% se considera como funcionando al 75 y 100% de su capacidad. Este comentario no incluye los inaugurados planes del régimen anterior solo de represamiento o derivación, como el trasvase Daule-Vinces, pero nada de conducción a las fincas para aprovechamiento de las plantas, objetivo final del riego agrícola.

Paralelamente, la impopular Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, no se guarda ningún esfuerzo en su afán recaudador de tasas de utilización, incluyendo represamientos y afloramientos de aguas subterráneas sin inversión estatal, solo falta cobrar por el agua que cae del cielo, recurriendo a procesos administrativos con posibilidad de multas de hasta 150 salarios mínimos por violaciones a normas estrafalarias aplicadas a regantes no regularizados, desconocedores de las normativas por insuficiente promoción, luego de someterlos a verdaderos acosos que culminan en la formulación de procesos administrativos y judiciales, largos y costosos, profundizando el deterioro de la frágil rentabilidad agrícola.

Un ejemplo patético de lo aseverado lo constituye el caso de un grupo empresarial bananero de la zona de Puerto Inca, afectado por una multa de 36 mil dólares por haber realizado supuestas captaciones desde un inexistente estero, cuando se trata, según la documentación exhibida, del aprovechamiento de aguas subterráneas en proceso de regularización, mientras el fuerte castigo se sustenta en reportes técnicos de inspecciones sin la intervención de sus representantes legales.

En ese desastroso marco se inscribe la infortunada situación de agricultores del cordón fronterizo de Arenillas y del proyecto multipropósito Tahuín, imposibilitados de regar pues las obras de distribución y de mantenimiento de la presa continúan incompletas, indiferente de los anuncios de inversiones de 65 millones de dólares, 39 de ellos para optimización del sistema de riego y del embalse. De la documentada comunicación que un grupo de insatisfechos usuarios ha tenido la gentileza de remitirnos, se deduce que aún no concluyen las obras ofertadas, sumando ya tres décadas de promesas y frustraciones.

Por tanto, la actual infraestructura de riego debidamente aprovechada podría incorporar a la producción más de 200 mil hectáreas de tierras óptimas, que impulsaría en corto plazo la economía nacional, truncada por ineficiencia estatal. (O)