El consumo no estimula la producción, es su recompensa

Juan Ricardo Fernández R

Economista

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 Jean-Baptiste Say fue un economista francés del siglo XIX, autor de lo que se conoce como la ley de los mercados, también bautizada como la ley de Say, pieza fundamental del pensamiento de la economía clásica. Esta señala que toda oferta crea su propia demanda, estableciendo una relación de causalidad en virtud de la cual antes de poder demandar bienes (consumir), tienen que haberse producido otros (ingresos derivados) para intercambiarlos por los bienes deseados.

No se puede interpretar que la producción de cualquier cosa per se va a encontrar automáticamente quien quiera consumirla (la demanda) y genere riqueza para el emprendedor y la sociedad. Debe pasar antes por el agotador proceso de mercado, identificando necesidades de consumo de la sociedad y compitiendo con las alternativas existentes. Sólo así se crea valor, creando un círculo virtuoso producción-demanda-producción.

Say sostenía que las crisis económicas no eran consecuencia de falta de demanda o de dinero, ya que toda producción (y la riqueza generada) tenía como destino el consumo de otros bienes. Por ello no podría haber sub o sobreproducción, brindando una explicación al equilibrio económico.

Después de la Gran Depresión de los años 30, John Maynard Keynes escribió su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, buscando una respuesta a las crisis económicas. Allí plantea que la actividad económica obedece a la demanda agregada (consumo e inversión). En ese sentido, solo se puede salir de los tiempos de crisis (desempleo) aumentando el consumo. Los estímulos vendrían por parte de políticas expansivas de gasto público y monetario.

Pero Keynes pone la carreta delante de los bueyes y, en lugar de que el consumo sea la recompensa por producir, como claramente se ve con el salario de un trabajador (que produce servicios al empleador y con ello puede comprar), se debe “estimular” para que la producción crezca. Este planteamiento teórico, aunque ampliamente refutado, dominó por mucho tiempo el pensamiento económico y ha sido en gran medida un aliado de quienes proponen políticas públicas intervencionistas y el gigantismo estatal.

Los políticos tienen preferencia por incrementar el tamaño y la intervención del Estado en la economía, siendo ellos los administradores del Estado, pues así maximizan su poder. Ellos también se mueven por sus propios intereses, como lo señala la teoría de la elección pública del premio nobel James Buchanan.

El abordaje a la crisis de 2008 (mundial y local) fue sin duda keynesiano. La administración de Oscar Arias expandió aceleradamente el gasto contratando 20.000 empleados públicos, y aumentó de manera significativa el déficit fiscal, que alcanzó el 3% del PIB en el 2009 habiendo un superávit en la administración anterior. Es evidente que estas políticas estaban orientadas a aumentar la demanda agregada como principal medida anticíclica.

La Escuela Austriaca de pensamiento económico, que cada vez tiene más relevancia, sostiene que las políticas expansivas (y contractivas) generan un falso estímulo económico que afecta la información en los mercados. Al incidir en los precios (relativos), principal fuente de información para las decisiones económicas, se estimulan proyectos e inversiones que de otra forma no se hubieran realizado, lo cual —en determinado momento— se llega a sobrevalorar y el mercado lo corrige (explosión de la burbuja), dando pie a otra fase del ciclo económico.

La importancia de la ley de Say, a mi parecer, es el llamado al sentido común económico. La fuente de riqueza y bienestar es el trabajo (la producción). Así como es absurdo que una familia salga de un aprieto económico gastando y endeudándose más, la economía del país (que es la suma de todas las economías individuales) no puede crecer —sanamente— mediante estímulos falsos que solo tienen efectos a muy corto plazo y que a la larga nos van llevando a una peor situación.

En tiempos en que la población clama por medidas de reactivación económica, hay que tomar en cuenta que la manera de salir del atolladero no es mediante políticas activas (mayor intervención estatal), sino a través de una menor intervención, con medidas como reducción del gasto público, desregulación, reducción de impuestos, libre comercio, venta de activos públicos y otras que permitan liberar los recursos y la capacidad creativa de la población para crear y propiciar un crecimiento de la producción sano, sostenible y justo.