Petro o Duque… ¿Quién debería estar en la casa de Nariño?

Le he dado muchas vueltas a la manera como voy a redactar este artículo porque lo último que me interesa es que sea usado como plataforma para la aburridora y desgastante contienda entre Petristas y Uribistas que nada le aporta al país, pero me parece importante poner en una balanza las acusaciones que se les formulan tanto al Senador Petro como al Presidente Duque en relación al financiamiento de su campaña presidencial y los mecanismos de captación de sus votantes, con los resultados conocidos por todos.

Por un lado, está el senador Gustavo Petro, quien con un poco más de ocho millones de votos, no alcanzó a superar los diez millones de su contrincante, el hoy presidente Iván Duque. El dinero de los gastos de su campaña, según los formularios presentados por el candidato al Consejo Nacional Electoral, provienen de préstamos de importantes entidades financieras, algunos contratistas del estado y donantes entre los que encuentran académicos y políticos.

El escándalo asociado a este tema en el caso de Petro tiene que ver con la donación de trescientos sesenta y cinco mil pesos (menos de la mitad de un salario mínimo) por parte de tres servidores públicos -docentes para ser más exactos- divididos en noventa y cinco mil, ciento veinte mil y ciento cincuenta mil pesos; hecho que le representaría al ex alcalde de Bogotá una sanción por ciento treinta y cuatro millones de pesos y un proceso ante la corte suprema de justicia por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

Llama la atención en este caso que la investigación que motiva el hallazgo se dio porque un ciudadano interpuso una demanda para comprobar la supuesta donación de una alta suma de dinero por parte de una empresa venezolana llamada Monómeros S.A., de la cual no se halló rastro alguno por lo que las pesquisas se centraron en un aporte tan minúsculo como el de los docentes.

Por otro lado, está el presidente Duque, quien vio comprometidos tanto su nombre como el de su mentor, Álvaro Uribe, y el de su campaña en veinticinco mil audios que el narcotraficante “Ñeñe” Hernández sostuvo con dos interlocutoras en las que se refería a la inversión de aproximadamente mil millones de pesos para la compra de votos en la costa que favorecería a la campaña de Duque.

“En el caso de Petro, la pretensión era encontrar una prueba gigantesca y, lo que hallaron, fue una suma irrisoria aportada por tres personas humildes, mientras que en el de Duque, buscaban pruebas de un asesinato y se tropezaron con la confesión de un delito de ni más ni menos que nueve ceros a la derecha”

De la misma forma que en el caso de su contendor, por estar buscando una cosa se encontraron con otra, solo que, en el caso de Petro, la pretensión era encontrar una prueba gigantesca y, lo que hallaron, fue una suma irrisoria aportada por tres personas humildes, mientras que en el de Duque, buscaban pruebas de un asesinato y se tropezaron con la confesión de un delito de ni más ni menos que nueve ceros a la derecha.

Pero la diferencia más desconcertante entre los dos casos no es esa, sino el afán de mostrar como algo abominable el apoyo de los maestros a una campaña, por ser servidores públicos, en contraste con la manera folclórica y amañada en que se le quita relevancia a un asunto tan grave como la mano del narcotráfico en las elecciones de nuestro país, con el argumento de que la compra de votos es una costumbre en la costa y que por eso no hay que prestarle atención (lo cual, como se ha vuelto costumbre en esa zona del país, no los deja como los más honestos).

“En el caso de Petro, pagar la multa y en el de Duque, entregar su cargo porque, sin importar la cantidad de votos comprados, si hubo fraude, su elección es ilegal”

Sea cual sea la falta en la que incurrieron ambos candidatos lo ideal sería que cada uno tuviera que asumir las consecuencias de su falta. En el caso de Petro, pagar la multa y en el de Duque, entregar su cargo porque, sin importar la cantidad de votos comprados, si hubo fraude, su elección es ilegal.

La pregunta que se deriva de la última afirmación es: ¿Quién debería estar entonces en la casa de Nariño?