Espionaje Militar no cesa en Colombia
La FLIP reveló 14 nuevos casos de espionaje a comunicadores en el país.
Asciende a 52 el número de periodistas interceptados ilegalmente, así revelan las investigaciones hechas a miembro de inteligencia del Ejército Nacional, como lo dio a conocer la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en un comunicado para la opinión pública.
Como lo reveló la Fundación, se sumaron 14 nuevos caso a los 38 ya anteriormente mencionados en el mes de mayo por las publicaciones de la Revista Semana.
La FLIP, con previa autorización publicó los nombres de los comunicadores a los que se le hacían las interceptaciones ilegales, entre ellos se encuentra: Damien Fellous, Gerald Bermúdez, Julián Martínez, Gustavo Rugeles, Javier Alexander Macías, Ibéyise Pacheco, Alberto Federico Ravell, Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus.
Cabe resaltar que la Fundación para la Libertad de Prensa, afirma que hay indicios de tecnología invasiva para realizar los perfilamientos, «hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry. A uno de estos planes se le denominó “Proceso Operacional Troya”, a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización», revela el comunicado.
Lo más preocupante es que en algunos perfilamientos también se incluían sus fuentes y más preocupante aún, sus familiares. Por eso la FLIP pide que a estas personas se les sea reconocido su estatus de víctima y se les incluya en los procesos que se adelantan.
Este organismo, hace énfasis en el «rechazo frente a estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar», pide también al Gobierno Nacional que responda el derecho de petición hecho por los periodistas afectados por esta práctica y exige «al Gobierno Nacional y en particular a la Unidad Nacional de Protección, asegurar que los periodistas víctimas de perfilamiento por parte del Ejército, cuenten con todas las garantías de protección a su vida e integridad y que dentro de las evaluaciones de riesgo se entienda este caso como un hecho grave que acentúa el deber de protección».
