Empresarios contratan a venezolanos en Bogotá “por solidaridad”
Entre 200 mil y 600 mil ciudadanos venezolanos se encuentran en Bogotá, capital de Colombia, a la espera de conseguir un empleo. Según datos de la encuesta realizada por Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), uno de cada cinco empresarios contrata a un criollo.
El éxodo masivo de venezolanos a la ciudad ha generado un impacto significativo en ámbitos laborales y económicos. Los venezolanos que buscan un mejor futuro en nuestras tierras solo tienen entre 20% y 50% de probabilidades de encontrar trabajo.
Apenas 20,6 % de los empresarios se han vinculado laboralmente con ciudadanos venezolanos. Fenalco sostuvo que los inmigrantes se enfrentan a muchas variables y dificultades y que la informalidad es su mayor salida, lo que genera un choque negativo en los comercios del sector.
Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco, destacó que los empresarios le apuestan a personal venezolano para colaborarles en su camino migratorio. “Nos ha sorprendido que un porcentaje nada despreciable, el 20,6% de los encuestados, expresó que han contratado a venezolanos por motivos de solidaridad, esto es algo digno de resaltar”, enfatizó.
Factores como el discreto crecimiento de la economía afecta las ventas y no solo la llegada de los migrantes. “Para el 75 % de los comerciantes las ventas se mantuvieron y para el 23 % disminuyeron, siendo los sectores de mensajería, peluquerías, servicio de vigilancia y almacenes por departamento los más afectados”, indicó Orrego.
En Bogotá la preferencia de género a la hora de requerir un servicio no es relevante y ambos sexos tiene igualdad de condiciones. Aunado a esto, la federación señaló que un 73 % dijo estar dispuesto a emplear a personal venezolano.
52 % de los empleadores dijo que podría ofrecer puesto fijo, otros expresaron ofertas de término indefinido (29 %), un pequeño grupo optó por prestación de algunos servicios (14 %) y solo 5% por obra labor.
Más de 550 mil venezolanos se encuentran en el país, huyendo de la severa crisis humanitaria que atraviesa la vecina nación. Un 36% de ellos está en condición de ilegalidad, es decir, siete de cada 10.
Fuente: El Espectador y Asovencol (ONG)
