Según González, este porcentaje no solo es un reflejo de la realidad del bosque nativo en Chile, sino también una invitación a la acción. La conservación, más que una actividad de no intervención, requiere una ética de responsabilidad hacia el entorno natural.
«Estos números exponen la codependencia que existe entre el ser humano y la naturaleza y la inevitable mejora constante de esta relación», añade.
El papel del Derecho Real de Conservación (DRC)
Para apoyar a los propietarios privados en sus esfuerzos de conservación, el Derecho Real de Conservación (DRC) se presenta como una herramienta legal efectiva. Este gravamen ambiental se anexa a una propiedad, definiendo y restringiendo las actividades permitidas para proteger la biodiversidad.
«La adopción de esta ley en Chile marca un hito significativo en la evolución de herramientas jurídicas en torno a la conservación ambiental, porque restringe actividades que, históricamente y sin un marco regulatorio real, han degradado los recursos naturales de los campos y bosques de Chile», explica González.
Desafíos en la Implementación de la Ley de Bosque Nativo
A pesar de los avances, la implementación de la Ley de Bosque Nativo, promulgada en 2008, ha enfrentado varios obstáculos. La necesidad de mayores recursos financieros y la dificultad para equilibrar los intereses de conservación con los de los propietarios privados son algunos de los retos más destacados.
«Han habido grandes avances en materia legislativa, en la generación de zonas protegidas y en la preocupación real desde el mundo privado, pero falta mucho. Son millones las hectáreas de tierra que deben seguir protegiéndose a través de nuevas iniciativas», concluye González.
La conservación del bosque nativo chileno, en su mayoría en manos privadas, requiere una colaboración activa entre el sector público y los propietarios, para asegurar que estos valiosos ecosistemas sean protegidos y restaurados para las futuras generaciones.