La oposición chilena carga contra el ministro de Educación por sus políticas de género
NOTI-AMERICA.COM | CHILE – El Congreso chileno votará este miércoles 12 una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En cuatro de los siete capítulos del libelo, que persigue la destitución del secretario de Estado, hay referencias a las políticas de género o educación sexual.
Uno de los invitados a declarar ante la comisión acusatoria fue Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano. “Su activismo LGTBIQ+ [el del ministro] y su condición ha superado el límite de lo privado”, sostuvo la exportavoz del llamado Bus de la libertad, traído a Chile en 2017 por la organización española ultracatólica Hazte Oír. El Gobierno de Gabriel Boric salió en bloque a condenar las declaraciones.
“Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente, la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí [en el vídeo de la audiencia de Aranda] queda claramente en evidencia.
Esto no debería ser aceptable en nuestra sociedad”, sostuvo el presidente Boric en sus redes sociales. El diputado de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, Miguel Becker, responsable de la participación de Aranda en la comisión, se excusó argumentando que el Observatorio Legislativo Cristiano le había pedido intervenir y este aceptó sin saber quién sería el expositor. En una entrevista a CNN sostuvo: “No tengo problemas de homofobia con nadie en la medida que no se metan con mis hijos o hijas”.
Los 11 parlamentarios firmantes del libelo achacan al ministro Ávila que las políticas de su cartera están infringiendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el incumplimiento de sus responsabilidades para hacer frente a la “profunda crisis educativa”.
Los capítulos acusatorios incluyen el retraso en la entrega de los resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) de 2022, los peores de la última década, el ausentismo y la deserción escolar (más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo entre 2021 y 2022), problemas en la infraestructura y deterioro de la calidad educacional.
También el incumplimiento del papel de supervisión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por supuestas irregularidades en los fondos para los programas de alimentación escolar.
