El Gobierno de Boric pedirá una “aclaración” a la Corte Suprema por el fallo que tiene contra las cuerdas al sistema privado de salud
NOTI-AMERICA.COM | CHILE – La presidenta subrogante de la sala constitucional de la Corte Suprema, la magistrada Ángela Vivanco, ha producido un sorpresivo cambio en la discusión sobre la aplicación de un fallo judicial que tiene contra las cuerdas al sistema de salud privado en Chile, un problema de máxima importancia para el Gobierno de Gabriel Boric.
En una entrevista publicada este domingo por el periódico La Tercera, Vivanco se refirió al universo de personas que debían recibir una compensación de las aseguradoras (conocidas como isapres) por cobros en exceso, lo que fue determinado en una sentencia de fines de noviembre de 2022. “
Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, informó la jueza integrante de la preponderante tercera sala, lo que generó inmediatas reacciones políticas y de diferentes sectores. La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo pedirá una “aclaración” respecto del alcance de las declaraciones, porque el total de beneficiados por las devoluciones cambia radicalmente la profundidad de la crisis de un sistema con tres millones de afiliados.
El presidente de izquierdas Gabriel Boric también se refirió a los dichos de la magistrada. “Por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero y esperar cuál es la resolución de esto porque es muy importante que todos convengamos. Yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los fallos hay que cumplirlos”, dijo en una entrevista con el canal Chilevisión.
El 1 de junio, durante el discurso en su Cuenta Pública, el mandatario también abordó la situación de la salud privada, lo que refleja su relevancia: “Compatriotas, quiero referirme directamente a un tema contingente y delicado para cerca de tres millones de personas que hoy están afiliadas a una isapres: las isapres han sido condenadas por la justicia a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años”, dijo. “Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”, agregó.
El documento que marcó la pauta
El problema se incuba desde hace varios años. En diciembre de 2019, dos meses después del estallido social chileno, la Superintendencia de Salud (SIS) del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera dictaminó, a través de una circular administrativa, que las isapres ya no podrían cobrar valores diferenciales por sexo o edad y solo habría una tabla de factores para todos los cotizantes. Las isapres, entonces, aplicaron esta nueva alza solo a quienes entraron al sistema a partir de abril de 2020, pero mantuvieron las reglas anteriores para sus antiguos afiliados.
El fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 las obligó a aplicar de forma retroactiva los cobros en exceso y usar la nueva tabla de factores –sin sesgo– para todos sus cotizantes, independientemente de cuándo hayan entrado al sistema. Y esa fue la lectura que hicieron las autoridades y especialistas sobre la sentencia, que tenía efectos generales.
El Gobierno del presidente Boric calculó en unos $1.400 millones de dólares lo que debían devolver las isapres, de acuerdo al fallo. Es un monto que, según aseguró la industria, no podría solventar, advirtiendo su posible final. En este escenario, tres millones de cotizantes de sectores medios y altos del país sudamericano podrían haber quedado a la deriva y, eventualmente, tendrían que haber ingresado al sistema público de salud, Fonasa. La sanidad privada chilena, que se creó en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta un momento especialmente complejo: lleva dos años de pérdidas que, solo en 2022, se cuantificaron en unos 169 millones de dólares. A ello se suman las deudas que mantienen con las clínicas privadas, de unos 600 millones de dólares.
Fuente: Telesur
