Casa por cárcel a investigadores que destaparon escándalo de la “Ñeñepolítica”
Los investigadores habrían interceptado ilegalmente a 5 uniformados en medio de sus labores
Investigadores de la Sijin de la Policía Nacional, fichas clave en la interceptación que reveló la llamada “Ñeñepolitica” en el país, se ven envueltos en un proceso judicial, en el que presuntamente habrían interceptado ilegalmente a cinco uniformados de la policía en el 2018, procedimiento realizado dentro de la investigación a José Guillermo el “Ñeñe” Hernández, vinculado con la mafia y que fue asesinado en Brasil en el año 2019.
El mayor de la policía Yéferson Fabián Tocarruncho Parra y el investigador Wadith Miguel Velázquez García, acudieron al llamado hecho por la Sijin de la policía donde se hizo efectiva la orden de captura.
Cabe recordar que los dos uniformados interceptaron una llamada en la que “El Ñeñe” habla con una mujer, quien pareciera ser María Claudia Daza, conocida como ‘Caya’ Daza, exasesora del senador Álvaro Uribe Vélez, sobre una supuesta compra de votos en el departamento de La Guajira, para la candidatura del presidente de la República, Iván Duque.
A los dos uniformados se les fueron imputados los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Además de ser imputados con la medida de casa por cárcel, son destituidos de sus cargos, no podrán tener comunicación con testigos o con personas que hagan parte del proceso.
Según el ente investigador, los dos uniformados interceptaron la comunicación de estos cinco policías de manera ilegal, a lo que la defensa afirma que estos números de celular fueron entregados por Juan Carlos García, alias la ‘Penca’, testigo en contra de la organización criminal de alias ‘Marquitos’ Figueroa, que según investigaciones tenía vínculos con José Guillermo Hernández el ‘Ñeñe’; la ‘Penca’ también habría aportado el número de celular del ya mencionado ‘Ñeñe’.
Al parecer, los dos policías encontraron información clave, procedente de los cinco uniformados, que hacía referencia a la pérdida de una caleta en un allanamiento realizado en Cali. Seguido de ésto, según las investigaciones del caso y la entrevista a las uniformados interceptados, el mayor Tocarruncho los habría citado a Bogotá, donde los despojo de sus armas, revisó sus pertenencias y maltrato, a causa de las sospechas que tenía de sus malos procedimientos.
“Había información falsa en la sustentación de la orden de interceptación. Ellos tenían conocimiento de que los números no correspondían a integrantes de una red criminal”, afirmó el juez del caso, insistiendo que “Wadith Velásquez sabía que se trataba de teléfonos de la Policía y esa situación es aplicable al mayor Tocarruncho”.
También expresó que el afán del Mayor Tocarruncho de obtener positivos, lo llevó a incurrir en este delito. Causa que puede tener como castigo, penas muy altas, ya que ellos como servidores públicos deben estar señidos a la ley.
“Estamos frente a una gran injusticia. La decisión del juez es política y no jurídica” dijo Miguel Ángel Río, abogado defensor, apelando la decisión del juez y concluyó diciendo: “Hoy este país es un país más injusto. Cuántos elementos de montaje hemos vivido?. No existen las investigaciones decentes”.
