Naciones Unidas ha rechazado de manera contundente la violencia ejercida en las calles y zonas controladas por los grupos armados. Esta presión social se ha ejercido contra líderes sociales, indígenas y excombatientes en los últimos días. La ONU reitera que la presencia del Estado en todo el territorio nacional debe ser una prioridad para el Gobierno colombiano, por los eventos sucedidos en el departamento de Cauca. El secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró “una vez mas, a todas las entidades del Estado, a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta”.
El informe presentado por el órgano de la Secretaría General informó que, desde el 28 de diciembre del 2020 hasta marzo de del 2021, fueron asesinados 14 excombatientes de las FARC, y la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha confirmado que, desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, ya van 262 asesinados excombatientes. El presidente de la Misión de Verificación aclaró que todavía existe tensión entre los antiguos combatientes de las FARC y los funcionarios del Estado, “recientemente tuve la oportunidad de dialogar con representantes de víctimas tanto de crímenes cometidos por las antiguas FARC-EP como por agentes del Estado. Estas conversaciones constituyen un importante recordatorio de que, sin importar el origen de su dolor, garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, es la mejor estrategia para resarcir el daño y evitar que haya más víctimas en Colombia”, dijo Carlos Ruiz Massieu.
El departamento de Cauca, donde se reporta la mayor parte de los casos y un incremento en la violación de los derechos humanos de los habitantes, centra la preocupación de Naciones Unidas. Desplazamientos forzados, ataques contra las comunidades étnicas y sus autoridades son los episodios a los cuales los habitantes de esta zona se han visto sometidos. “Igualmente, es imprescindible que todos los actores involucrados en el conflicto den muestras concretas de su compromiso para que se pueda satisfacer las expectativas de las víctimas y se consoliden las bases para cerrar las heridas dejadas por la guerra”, dijo Ruiz Massieu.
El asesinato de Sandra Liliana Peña, quien fue una gobernadora indígena que luchó contra los cultivos de coca en sus tierras, por el medio ambiente, y el acuerdo de paz, fue uno de los grandes casos presentados por la Misión Verificadora; el 24 de abril la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos condenó el asesinato, “la @CIDH condena el asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, territorio Sa’th Tama Kiwe, el #20abril en Caldono, Cauca. En el hecho también habría sido herido de gravedad Avelino Ull, integrante de la #GuardiaIndígena», condenó el organismo por su cuenta de Twitter.
El asesinato de los excombatientes ha aumentado en todas las de las regiones de Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare y Meta. Estas zonas están siendo azotadas por la presencia de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y economías ilícitas, la poca presencia del Estado en estas regiones permite que los grupos ilegales, puedan reclutar a personas jóvenes en situaciones de pobreza, para formar parte del entramado de la red criminal. António Guterres mencionaba la importancia de la cobertura que debe tener el Estado a toda su geografía para poder garantizar una paz verdadera.
El 9 de abril, se logró capturar a parte de la red criminal en estas zonas, la ONU insiste en la importancia de doblar los esfuerzos por parte de las autoridades nacionales, con los cuerpos de seguridad del Estado, y las instituciones encargadas de luchar contra la impunidad.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
