Asambleístas consideran el acceso a la información como tema prioritario en Derechos Colectivos
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Asambleístas debaten varios temas, entre ellos el acceso a la información.
El presidente de la Asamblea Nacional, Cesar Litardo dijo que es indispensable que el país cuente con una Ley Orgánica acorde con el marco constitucional vigente que permita promover y fomentar una cultura de transparencia, a través de mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, bajo los principios de probidad, integridad y ética en la gestión pública que contribuya a la prevención y combate de la corrupción en el país.
Estas apreciaciones las formuló en base al análisis realizado por la Comisión de Derechos Colectivos al acceso a la información.
El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, indicó que este órgano parlamentario unificará seis proyectos de iniciativa legislativa de Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas; y cuatro proyectos de ley de acceso a la información pública, que serán tratados con prioridad luego del receso legislativo.
El parlamentario indicó que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, así como los legisladores Juan Cárdenas, Rubén Bustamente y Juan Pablo Velín presentaron proyectos sobre acceso a la información pública, que están orientados al fortalecimiento de la transparencia en las instituciones públicas y aquellas que manejan recursos púbicos, mismos que serán unificados para elaborar el informe para primer debate.
Mientras, la iniciativa del exlegislador Fernando Bustamante está orientada a que toda persona pueda acceder a la información pública que emane o esté en posesión o bajo control de los organismos y entidades obligadas a cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, que solo podrá ser restringido excepcionalmente de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
El asambleísta, Juan Pablo Velín considera necesario regular los casos específicos en los que procede declarar por parte del Estado la información o documentación emitida por organismos públicos o que manejen recursos públicos como reservada y hacer posible el control y fiscalización, en sus diferentes niveles, de los recursos públicos, y de esta manera evitar actos de corrupción.
