Asamblea inició el trámite del juicio político al ex ministro de Energía
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
René Ortiz, ex ministro de Energía.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, por unanimidad de los ocho presentes, calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz Durán, presentada por los asambleístas Luis Almeida Morán y Salvador Quishpe Lozano, por incumplimiento de funciones.
Dicha solicitud se ampara en lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, que establece: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado”. El citado artículo detalla que el enjuiciamiento político se hará “durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
Motivación del juicio político
Los asambleístas sustentan su petitorio en razón de la elevación gradual a los precios de los combustibles, medida que sigue vigente y que, inclusive, llevó a una protesta nacional de las organizaciones sociales y del sector indígena.
Además, el caso de la sobrefacturación por servicio de energía eléctrica, en los días más críticos de la pandemia, que motivó reclamos de miles de ciudadanos en varias provincias, en todas las agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por el costo elevado a las planillas de consumo eléctrico.
Así mismo subrayaron que: “el exministro de Energía y Recursos No Renovables, al ejecutar la política pública del expresidente Lenín Moreno, en materia de combustibles, derogó expresamente los subsidios, abriendo la importación de combustibles de manera abrupta, con ello incumplió principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia en la administración, regulación y gestión de la política”.
La Comisión notificará con la solicitud de juicio político al exfuncionario, así como a los solicitantes del proceso interpelatorio, con lo cual se abrirá el período de prueba previsto en la Ley Orgánica de Función Legislativa.
