NOTI-AMERICA.COM | ARGENTINA<\/p>\n
El gobierno argentino reform\u00f3 la ley org\u00e1nica de la Polic\u00eda Federal para orientarla a prevenir e investigar cr\u00edmenes complejos. Sin embargo, persisten dudas sobre si las nuevas facultades operativas bastar\u00e1n para enfrentar din\u00e1micas criminales m\u00e1s sofisticadas.<\/p>\n
El nuevo estatuto de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA), que redefine el perfil de la fuerza y podr\u00eda marcar un cambio de enfoque en materia de seguridad al incorporar la dimensi\u00f3n de seguridad del Estado, entr\u00f3 en vigor el pasado 16 de junio, a trav\u00e9s de un decreto presidencial.<\/p>\n
Esta medida, seg\u00fan la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no hace m\u00e1s que plasmar un proceso que ya se ven\u00eda gestando desde 2016, cuando tambi\u00e9n estuvo a cargo de la cartera de seguridad nacional durante la administraci\u00f3n de Mauricio Macri.<\/p>\n
Uno de los pilares en este proceso de reforma y modernizaci\u00f3n es la creaci\u00f3n del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) inspirado, seg\u00fan fuentes oficiales, en el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que constituir\u00e1 la nueva columna vertebral de la PFA.<\/p>\n
\u201cAs\u00ed pondremos a la Polic\u00eda Federal Argentina en l\u00ednea con los est\u00e1ndares del FBI y las principales fuerzas de investigaci\u00f3n criminal de los gobiernos del mundo\u201d,\u00a0afirm\u00f3\u00a0el presidente de Argentina, Javier Milei, en la presentaci\u00f3n de la DFI.<\/p>\n
La reforma, que no cont\u00f3 con el aval del Congreso, incluye disposiciones que permitir\u00e1n a la PFA realizar detenciones, efectuar requisas y llevar a cabo tareas de ciberpatrullaje sin necesidad de una orden judicial previa.<\/p>\n
Aunque una reforma de fondo de la Polic\u00eda Federal Argentina era una deuda pendiente desde el regreso de la democracia en 1983, la eventualidad de una mayor autonom\u00eda de la fuerza despierta temores sobre su eficacia, como ha sucedido en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n donde el fortalecimiento de los aparatos represivos no necesariamente condujo a contener el crimen organizado.<\/p>\n
Si bien en los \u00faltimos a\u00f1os se han reproducido los casos en la regi\u00f3n en los que se ampliaron las facultades operativas policiales para reducir los niveles de violencia, como en Ecuador, El Salvador y Per\u00fa, estos se hicieron en el marco de\u00a0reg\u00edmenes de excepci\u00f3n\u00a0y frente a niveles de inseguridad particularmente elevados.<\/p>\n
Este no es el caso de Argentina, que presenta niveles de inseguridad muy inferiores a la media regional, con la\u00a0tasa de homicidios\u00a0m\u00e1s baja de Suram\u00e9rica y una presencia limitada del crimen organizado en comparaci\u00f3n con otros pa\u00edses.<\/p>\n
Sin embargo, el nuevo gobierno nacional ha endurecido la pol\u00edtica de seguridad, originando cuestionamientos por parte de la oposici\u00f3n pol\u00edtica, los medios locales y algunas organizaciones de derechos humanos.<\/p>\n
Mart\u00edn Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico y la Criminalidad Organizada de Argentina, afirm\u00f3 a Insight Crime, respecto a las atribuciones cuestionadas por supuestamente ampliar la autonom\u00eda policial que \u201cse trata menos de ampliarlas que de redirigirlas a los delitos que efectivamente da\u00f1an el tejido institucional del pa\u00eds: corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, trata de personas, crimen organizado\u201d. Y agreg\u00f3 que la reforma, \u201cno nace de una obsesi\u00f3n punitiva, sino de un diagn\u00f3stico t\u00e9cnico compartido por expertos: la criminalidad se ha vuelto m\u00e1s sofisticada que la respuesta institucional del Estado\u201d.<\/p>\n
Esa creciente sofisticaci\u00f3n \u2014que ha dado lugar a estructuras criminales m\u00e1s reticulares y complejas\u2014 obliga al Estado, y especialmente a sus fuerzas del orden, a adaptarse permanentemente. No es de extra\u00f1ar entonces que todos los expertos consultados por InSight Crime coincidieran en la necesidad de una nueva ley org\u00e1nica para la PFA.<\/p>\n
Sin embargo, Germ\u00e1n Montenegro, exsecretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y exdirector Nacional de la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria de Argentina dijo a InSight Crime que el nuevo estatuto de la PFA no introduce modificaciones significativas.<\/p>\n
La estructura organizativa, se\u00f1al\u00f3, tiene pr\u00e1cticamente las mismas caracter\u00edsticas: es macrocef\u00e1lica y con \u00e1reas en las que las funciones se superponen. Y, en cuanto a las atribuciones del nuevo estatuto que est\u00e1n siendo cuestionadas, ya estaban establecidas en distintos cuerpos normativos como el C\u00f3digo Procesal Penal y la anterior Ley Org\u00e1nica de la PFA.<\/p>\n
La falla m\u00e1s grande del nuevo cuerpo normativo, se\u00f1al\u00f3 a InSight Crime Le\u00f3n Carlos Arslanian \u2014exjuez del tribunal hist\u00f3rico del Juicio a las Juntas militares, exMinistro de Justicia de la Naci\u00f3n y exMinistro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires\u2014 es que \u201cgenera un proceso de autonomizaci\u00f3n policial ya que no vincula debidamente las funciones y la operatividad de la nueva polic\u00eda con el Ministerio P\u00fablico Fiscal\u201d. Es decir, esa falla podr\u00eda derivar en un debilitamiento de los controles efectivos sobre la PFA.<\/p>\n
A esto se suma un elemento institucional relevante: la forma en que fue aprobada la reforma. Al no haber sido debatida en el Congreso, el nuevo estatuto carece del respaldo pol\u00edtico que podr\u00eda fortalecer su legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.<\/p>\n
En efecto, ya ha sido presentado un amparo judicial por sectores de la oposici\u00f3n pol\u00edtica y est\u00e1 en curso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).<\/p>\n
La reforma de la PFA, en el marco de una pol\u00edtica de seguridad nacional de mano dura, deber\u00e1 demostrar en los hechos su capacidad para mejorar la respuesta del Estado frente al crimen organizado sin\u00a0comprometer derechos fundamentales. Su implementaci\u00f3n, as\u00ed como el desarrollo de los procesos judiciales en curso, ser\u00e1n claves para determinar si este cambio normativo logra perdurar en el tiempo y alcanzar legitimidad institucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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