Astori alertó por riesgo de evasión por cambio en ley de zonas francas

Una semana después de conocido el dato de que la economía uruguaya creció a una tasa de 1,5% en 2016, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, realizó su primera presentación en público, con un discurso centrado en la importancia de que Uruguay mantenga un clima de negocios atractivo para la captación de inversión, uno de los motores para el crecimiento. En esa línea el jerarca hizo hincapié en los pasos dados por el gobierno hacia una mayor transparencia fiscal, los avances en materia de inclusión financiera y la necesidad de mantener el orden macroeconómico de cara a la próxima ley de Rendición de Cuentas.

En el tradicional almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el titular de Economía insistió en que los compromisos asumidos en materia de transparencia fiscal constituyen “un punto esencial” para la apertura al mundo y la inserción internacional del país.

“Uruguay ha venido incorporando las mejores prácticas internacionales en los últimos tiempos y ha hecho una evolución formidable. La opacidad fiscal no es una opción para el país en el mundo de hoy. Es un concepto antagónico al concepto de desarrollo económico y social. Esto es tan importante como hacer un buen acuerdo comercial o un tratado de protección de inversiones, porque forma parte de la identidad del país cuando es observado desde el exterior”, dijo el ministro frente a la atenta mirada de empresarios, sindicalistas y autoridades de gobierno que colmaron los salones del complejo Punta Cala.

El fraude y la evasión volvieron a estar presentes sobre el final de la conferencia cuando al ministro se le preguntó por las modificaciones al régimen de zonas francas, que cuenta con media sanción en el Parlamento. El proyecto, ya aprobado con el respaldo de todos los partidos políticos en el Senado, habilita a enclaves aduaneros del interior del país a desarrollar “actividades complementarias” en Montevideo.

Sobre eso, el ministro fue contundente. “El ministerio no comparte esa modificación y lo primero que ha hecho es decirlo en el ámbito de los legisladores que están considerando el proyecto. Nuestra opinión es negativa al agregado que se hizo porque origina una posibilidad de evasión muy grande y muy difícil de controlar. Es como permitir que actividades protegidas por el régimen de zonas francas se desarrollen en territorio no francos y a nosotros nos parece absolutamente peligroso para un país que necesita buenos niveles de recaudación, control y formalidad de la recaudación”, apuntó.

Ahora el tema pasará a consideración de la Cámara de Diputados y el ministro dejó entrever que en esa instancia volverá a insistir para que la modificación no se concrete.

“No estamos con el fraude, con la evasión, y mucho menos con el lavado de activos, el fomento al terrorismo y el crimen organizado”, dijo Astori.

La bandera de la inclusión

Astori también respaldó la marcha de la ley de Inclusión Financiera, una política impulsada por el gobierno desde 2014 que por estos días enfrenta fuertes cuestionamientos de comerciantes y representantes de diferentes partidos que cuestionan los aranceles que cobran los emisores de las tarjetas. El ministro recordó los dos grandes objetivos de la ley: universalizar el acceso al sistema financiero “con foco en los humildes” y la modernización del sistema de pagos, que según dijo, “también necesita transparencia”, al igual que los temas fiscales y tributarios.

“Uruguay tiene 250 mil nuevas cuentas bancarias y eso ha permitido asegurar la vigencia de una propuesta tributaria (descuento de 4 puntos de IVA), en directo beneficio de los más humildes que son seguramente titulares de las nuevas cuentas”, dijo. Y repasó algunos resultados, como la evolución de las compras con débito que se multiplicaron por 13 en los últimos 3 años, el crecimiento de los montos operados que hoy alcanzan un volumen de $ 9.000 millones y los subsidios dados a los pequeños y medianos comercios para que puedan acceder a las terminales POS.

Déficit controlado

En relación al déficit fiscal que alcanzó el 3,7% del PIB en los 12 meses a febrero, Astori sostuvo que es un resultado “bajo control y manejable”, que se puede reducir “sin alterar condiciones fundamentales de la economía uruguaya”. Para ello, el gobierno aprobó un ajuste fiscal y una suba de tarifas públicas que superó los fundamentos de costos.

Sobre el manejo del gasto público, dijo que está de acuerdo en que hay que contenerlo, pero insistió en que no comparte “juicios negativos que atribuyen al gobierno un despilfarro de los recursos”. Según dijo, eso “ignora” el destino del gasto público, que en más del 70% es gasto social. Astori también apuntó a que Uruguay fue uno de los países que más creció en América Latina entre 2004 y 2016, pero donde subió menos el gasto púbico.

.“El país llegó a una suerte de frontera en cuanto a la capacidad contributiva de la población. Pienso en los tributos referidos a la producción y la situación personal, pero habrá que discutirlo”, sostuvo el ministro.

Por otro lado, aclaró que la posición financiera que ostenta el país “hay que cuidarla”. “Esto no es para gastar, es solo para asumir con tranquilidad el tema fiscal. Descansar en la solidez financiera puede ser un camino atractivo para que se vaya de las manos el tema fiscal”. Si eso pasa, “el círculo vicioso de más deuda y más intereses” comienzan inmediatamente alertó el ministro de Economía.

 

DGI tendrá datos de cuentas de más de US$ 50 mil

El Poder Ejecutivo emitió ayer el decreto de reglamentación de la llamada ley de Transparencia Fiscal Internacional que flexibiliza aun más el secreto bancario. Ello obliga a las entidades financieras a comunicar de forma anual información sobre saldos promedios y rentas acreditadas de cuentahabientes (residentes y no residentes), para que sean conocidos por la Dirección General de Impositiva (DGI) y las administraciones tributarias extranjera.

La reglamentación establece que se deberá informar de las cuentas preexistentes al 1° de enero de 2017 de personas físicas y jurídicas con residencia en el país cuando su saldo o valor promedio anual al 31 de diciembre de cada año superen las 400.000 Unidades Indexadas (UI) (unos US$ 50.000 a valores actuales). A partir de 2019 y en el caso de las personas jurídicas u otras entidades el tope será de 160.000 UI (unos US$ 20 mil). Las condiciones son similares para las cuentas con residencia en otro país o jurisdicción.

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