Guatemala en manos de pandilleros

  • Operativo de asalto ejecutado por la PNC, logra liberación de los últimos cuatro rehenes, aunque no la muerte de uno de ellos en la emergencia de hospital

 

  • Luego de 26 horas de los dos primeros asesinatos de monitores, al privilegiar “el diálogo” con pandilleros/delincuentes, las autoridades deciden proceder como la Constitución les faculta

 

 

  • Al momento del cierre de esta entrega, se registraban y reportaban ataques con disparos de armas de fuego contra agentes tripulantes de unidades de la PNC en distintos puntos de la capital

 

 

La alarma se activó el domingo 19, alrededor de las 11:45 horas. Debieron transcurrir alrededor de 30 horas para que las autoridades encargadas de seguridad del Gobierno, cómo Ministerio de Gobernación (MINIGOB) y Policía Nacional Civil (PNC), utilizaran la fuerza que la ley les provee, para neutralizar al grupo de delincuentes/pandilleros del “Barrio 18”, que se amotinaron en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II (Cejupliv), otro centro delegado a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Treinta horas, durante las cuales, en primer lugar, los amotinados tomaron como rehenes a siete “monitores/custodios” (educadores y/o funcionarios de seguridad) a los cuáles, en el transcurso de las primeras horas del domingo, los delincuentes dieron muerte a dos, al atacarlos con golpes contundentes y heridas punzocortantes en rostro y cráneo.

En el transcurso de este día, lunes 20 de marzo, uno más de los monitores rehenes fue liberado alrededor del medio día, resultado del proceso de “diálogo” de las autoridades con los delincuentes aunque, con 22 heridas de arma punzocortante, mientras que los restantes cuatro últimos fueron rescatados en el operativo de asalto que realizó equipos especializados de la PNC alrededor de las 17:00 a 17:30 horas. De estos últimos, uno falleció en la emergencia del hospital San Juan de Dios.

En el nosocomio se informó que todas las víctimas presentaban heridas provocadas por golpes contundentes y heridas punzocortantes en rostro, cráneo y torax, así como heridas por proyectiles de arma de fuego en otras partes de su humanidad, en uno de los casos.

En defensa de lo actuado, tanto el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, como el director de la PNC Nery Ramos, en una conferencia de prensa montada en el salón municipal de San José Pinula, argumentaron: “privilegiamos la vida gracias a Dios, pero lamentamos la pérdida de las vidas de las víctimas; se procedió a tomar la decisión, cuando el grupo evidenciaba –ya transcurrida la tarde de lunes- ya altos niveles de violencia”.

Cómo resulta ser ya un tema común entre la población recluida en centros de detención preventiva, centros de detención de cumplimiento de penas, tanto para hombres, como para mujeres, los motivos para impulsar la violencia que les caracteriza han sido: malos tratos, alimentación deficiente, “no libertad de movilización”, oposición a la disciplina, oposición a “la libertad de visita sin control”, “visitas maritales sin control”, la no obligatoriedad de uso de uniformes (¿para facilitar fugas?), etc.

La situación se ha visto complicada, debido a que organizaciones de “derechos humanos” han hecho eco y salido en su defensa, como la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y oneges afines, al grado de presentar acciones judiciales del orden internacional a su favor.

En el mismo sitio un 13 de marzo de 2012, fue asesinado un monitor y su cabeza utilizada de “balón de fútbol” tras ser decapitado; luego, un nueve de agosto del siguiente año, uno de los reclusos también fue asesinado consecuencia de un enfrentamiento entre clicas.

Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II (Cejupliv) está ubicado en el municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, a 22 kilómetros de la capital guatemalteca.

El mismo fue creado y construido por la administración del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Alvaro Colom, se ubica a corta distancia de lo que fuera escenario de otro convulso motín. El pasado día 8 del corriente mes y presente año, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, que provocó la muerte de 19 adolescentes mujeres en el sitio, junto a otras 21 en centros asistenciales, víctimas del incendio que ellas mismas iniciaron.

Aquella mañana, también de día domingo, tras protagonizar un motín y el escape de un grupo de más de 60 menores de edad, consecuencia de “malos tratos, violaciones sexuales, abusos, mala alimentación, etc.”, un grupo de 50 a 60 de estas, iniciaron un incendio en la habitación en que habían sido recluidas encabezadas por una de nombre “Mimi”, y donde las autoridades por seguridad por ser un grupo violento, las mantenían bajo llave.

Para su desventura, la persona que tenía a su cargo la llave de la habitación (se dijo una agente de la PNC) no se encontraba cerca al mismo resultado de suplir necesidades fisiológicas, tiempo que permitió que el fuego hiciera presa de las colchonetas en su totalidad (agente inflamable utilizado por las mismas) provocando la muerte por intoxicación y quemaduras.

Según información recabada, uno de los administradores del hogar buscó una copia de la llave, pero no la encontró. Los bomberos llegaron 15 minutos después del aviso y los refuerzos tardaron 45 minutos en llegar, tiempo suficiente para que se propagara el fuego, aunque se denotó ausencia de equipo en el lugar como extintores de fuego.

A diferencia del “Hogar Seguro”, dónde se encontraban consecuencia de órdenes judiciales, menores de edad en abandono y menores de edad en conflicto con la ley (delincuentes procesados), en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II (Cejupliv), un total de 60 “menores de edad”, enfrentan o enfrentaron procesos penales por: robo, asalto, violación, extorsión, sicariato, homicidio, asesinato, secuestro, tráfico de drogas.

De hecho ésta situación, fue uno de los detonantes para los hechos de amotinamiento en el “Hogar Seguro” el pasado día 8, ya que los “menores delincuentes” mantenían bajo asedio, amenaza, intimidación y explotación a los menores en abandono, al grado de ser coautores de violaciones y abusos sexuales con secuelas de embarazo, prostitución, robo, despojo, entre mucho de lo denunciado. Con ello, no se exime la posible participación de empleados de Gobierno en similares hechos delictivos.

Por estos hechos de inmolación en grupo (similar a lo acontecido en 1980, en el caso de la Embajada de España), fueron puestos a disposición del Organismo Judicial bajo la sindicación de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, de Carlos Antonio Rodas Mejía, ex director de la Secretaría de Bienestar Social, Anahí Keller, ex subsecretaria, y al director del “Hogar Seguro”, Santos Torres. Se sumó “el clamor popular” de organizaciones de tendencia izquierdista, que intentaron crear el desasosiego en busca de “quebrar” la institucionalidad del Gobierno, en claro intento de “otro Golpe de Estado Técnico”.

Al respecto, Julio Rivera Claveria, consultor en justicia, comentó en su momento: “Lo importante es determinar exactamente qué pasó y sobre todo, quienes tienen responsabilidad directa en este hecho, porque algunos se han atrevido a afirmar que es un Crimen de Estado, que las niñas fueron asesinadas, y lo único que se está haciendo es especular cuando aún se empiezan a determinar responsabilidades e investigación de este hecho.”

Agregó: “Por otro lado, quienes de alguna manera debieron de haber mantenido un control indirecto, PGN. OJ, PDH, no lo hicieron y hoy, todos salen rasgándose las vestiduras y trasladándose la culpa unos a otros cuando de alguna manera hay corresponsabilidad de todas esas instituciones en ese lamentable hecho.”

Concluyó Clavería, con la siguiente reflexión: “lo sucedido nos tiene que servir, ya que la responsabilidad es 100 ciento de los padres que no fueron capaces de educar, corregir y encauzar a sus hijos a tiempo; para los padres es una salida fácil que una institución haga el trabajo que ellos han sido incapaces de hacer con sus propios hijos, ¿quien mejor para proteger a los hijos que los mismos padres? Que los retiren de su hogar por maltrato, por violaciones o por abusos es correcto, pero de igual manera se debería castigar a los padres por todos esos abusos que cometen en contra de menores y adolescentes, que en muchos de los casos, son víctimas de sus propios padres, o de su familia.”

En igual forma, en su momento, como medio de comunicación expusimos:

“No se puede culpar a “X” o “Y” funcionario, por el hecho de la decisión que tomó una adolescente, al iniciar el incendio que acabó con la mayoría de vidas de las ubicadas en un ambiente, consecuencia de ser el grupo que protagonizó un motín y fuga, con sus razones si así quiere ser visto en base a las denuncias, las cuales cabe citar, nunca fueron investigadas a fondo por la entidad responsable: MP, PDH y PGN.”

“Se suman los otros responsables: los “padres de familia” o “familias”, que con razón o sin ésta, condescendieron e incluso, autorizaron su ingreso a dicho sitio. Tampoco se puede olvidar al OJ, al mezclar menores de edad “en conflicto con la ley o delincuentes declarados”, con menores en desprotección, y que hoy intentan evadir su responsabilidad bajo “títulos” o “etiquetas” que les facilita la actual doctrina “de la niñez”, la cual es justo señalar, es un modelo importado y sometido a fuerza por injerencia extranjera.”

En Guatemala existen 126 hogares registrados en el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), 34 autorizados y 92 en proceso de autorización. Estos deben pasar por estándares de calidad y requisitos desde la entrada en vigor la Ley de Adopciones en 2007 (decreto 77-2007).

En este lamentable caso, el del “Hogar Seguro”, se vivificó una acción loable, la cual lejos de ser aplaudida por no pocos medios de comunicación tradicionales, fue cuestión de sorna y crítica. Fue éste el apoyo financiero otorgado por personas del sector privado o empresarial formal, que proveyó de los recursos financieros necesarios para el traslado de siete de las víctimas de la auto inmolación, hacia centros asistenciales especializados en quemaduras de los Estados Unidos de América, donde se conoció en las últimas horas de este día 20 de marzo, algunas sufrirán amputación de miembros de su cuerpo debido a la destrucción originada por las llamas.

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