CONTAMINACIÓN e ILEGALIDAD ¿un lado oscuro del sanjuanero guatemalteco?

Los peligros ambientales tienen un efecto directo sobre la salud humana. Pueden surgir tanto de fuentes naturales, como también de la actividad del hombre; pueden ser biológicos, microorganismos, exhalación, contacto, materia orgánica en descomposición, orgánicos del suelo, etc.

Los peligros que varían de tipo de intensidad y magnitud sobre el medio ambiente y de cara a la salud humana, podrían manifestarse –ya se manifiestan- sobre la salud de los habitantes del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Para algunos estudiosos del problema en general, uno de los factores de presión sobre este fenómeno atentatorio contra la calidad de vida como especie y sociedad, lo es el crecimiento poblacional sin control en un mundo finito.

Mientras prosiga el crecimiento de la población sin sistemas de control y un verdadero diseño urbanístico, todos estos síntomas seguirán manifestándose de una u otra forma con efectos nocivos sobre la naturaleza debido a ignorar que es el único abastecedor de recursos para la sobrevivencia.

El crecimiento de la sociedad se verifica en la medida que se pasa de una formación social a otra, en busca de mejorar el nivel de vida de la mayoría de sus componentes. Con educación y aplicación de conocimientos científicos y culturales, la sociedad puede mejorar su capacidad para aprovechar y transformar sustentablemente a la naturaleza, para así satisfacer sus necesidades de sobrevivencia.

Dicho escenario requiere de una transformación adecuada, en un esfuerzo conjunto con la administración gubernamental y municipal para velar porque los ordenamientos en materia de protección del medio ambiente se cumplan en su totalidad, con sanciones drásticas a los infractores de la normativa, para evitar efectos nocivos y perniciosos sobre los recursos naturales.

Una considerable cantidad de estudios en Guatemala, ha llevado a la conclusión que se es un país bendecido por la naturaleza, pero en donde la mala calidad de sus aguas es un grave problema, y dónde el municipio de San Juan Sacatepéquez, como otros tantos en el país, no es la excepción.

Datos del Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, puntualizan que el país cuenta con 550 ríos y riachuelos, de los cuales 38 se consideran “grandes ríos” que hoy día han sido transformados sus afluentes en un recurso no apto para el consumo y vida de la especie humana, al grado que el 90 por ciento del agua dulce no es apta para el consumo o procesos de producción de satisfactores para la sobrevivencia.

Por si fuera poco, al decir de sus impulsores, el intento por reglamentar las aguas residuales y que obligaba a las municipalidades a tener una o varias plantas de tratamiento,  no ha podido ser creado por “ausencia de presupuestos”, y aunque debía entrar en vigor el  dos de mayo de 2015, fue pospuesto por falta de presupuesto para este 2017.

En el año 2011 y en busca del título de Licenciado en Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Juan Pirir, sanjuanero, señala sobre el medio ambiente y los efectos de la contaminación sobre el principal recurso natural, el agua lo siguiente:

“El agua se le considera el solvente universal por que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Esto significa que a donde vaya el agua, ya sea a través de la tierra o a través de nuestros cuerpos, lleva consigo valioso químicos, minerales y nutrientes.”

El agua cumple el rol más importante para la supervivencia, como ya se apuntó, ya que no importa quienes somos, donde estamos o que hacemos, todos dependemos del agua. La necesitamos todos los días: para beber (sobrevivencia), producir alimentos (agricultura), trasportarnos (comunicación), la irrigación y la industria (desarrollo).

Pirir agregó a su exposición, que “el agua también es necesaria para la subsistencia de la fauna y la flora. Lo anterior nos da una idea del impacto que podría generarse sobre la calidad de vida y salud, si el agua no reúne las condiciones adecuadas para su consumo y uso.”

Para el tesista, atentamos contra el agua (subterránea/mantos freáticos, superficial/ríos, lagos), consecuencia que las políticas y la institucionalidad no están funcionando de manera adecuada, y prevalece el incumplimiento de las normas respectivas en la materia, al permitirse lagunas legales como la falta de un verdadero control sobre la disposición de residuos líquidos y sólidos que contaminan el agua de los ríos y los suelos desde nuestros propios hogares, lugares públicos, procesos de producción de alimentos, etc., conocidas como causas antropogénicas.

“Es iluso querer mejorar la naturaleza sino se mejora la sociedad, al analizar la relación entre los tipos de actividades y los sistemas urbanos con su contaminación ambiental, sin que se hayan tomado las medidas necesarias para evitar los males que hoy se padecen, consecuencia que las autoridades no aplican de manera efectiva la legislación ambiental para identificar y corregir las huellas físicas, culturales y psicológicas de la interacción de las agrupaciones humanas con su entorno natural”, advirtió Pirir.

Ejemplo de estas huellas, cita Pirir, lo constituye la mala planificación o ausencia de diseños de urbanización en procesos de asentamiento humano y la aplicación de reguladores (normas-leyes), de ahí que se ha permitido la alteración del paisaje, al consentir que los ríos ahora ya no sean cristalinos, sino hilos negros de contaminación que atraviesan poblados y valles.

 “Todo los seres vivos y lo seres humanos, dependen del medio ambiente que los rodea para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. En el caso de la sociedad, un factor capital lo constituye el uso y manejo del agua, amenazada por los desechos que provocan la urbanización o contaminación urbana sin diseño, sin control, sin medidas preventivas, medidas correctivas, ausencia de una aplicación de la tecnología para su preservación”, recalca Pirir.

“La falta de atención en la no contaminación del agua, a través de su alteración y pérdida acelerada en sus ciclos de regeneración en la vida útil de las aguas y ríos, repercuten y repercutirán no solo en la región, sino en todo el país, olvidando un compromiso hacia las generaciones actuales y futuras no solo en el tema de la salud, sino aún más, en el de la sobrevivencia en general de la especie humana”, asienta.

Por aparte y en igual situación que Pirir, en su tesis para optar al título de Licenciada en Derecho, en el 2013, Mirsa Chocojay, residente sanjuanera, expone sobre el tema de basureros clandestinos y saneamiento en el municipio de San Juan Sacatepéquez (http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_11210.pdf ):

“En el municipio de San Juan Sacatepéquez, el crecimiento constante de vertederos o basureros clandestinos (de cielo abierto) que representan una mezcla de residuos y desechos sólidos y líquidos (algunos de ellos tóxicos) no autorizados, desechados por vecinos, transeúntes o por personas que carecen de conciencia o aprecio ambiental, se atenta contra la salud y el medio ambiente de la comunidad, consecuencia de la ausencia de una normativa que regule su manejo y control técnico, a la vez que sancione dicha conducta o costumbre.”

“En el municipio, que es el único hogar que se posee, lo que hace el vecino –en su contra en centros urbanos o de alta densidad poblacional- si importa, al perjudicar –tanto- a generaciones presentes –cómo- futuras, con la tala inmoderada o ilegal, la contaminación por los desechos sólidos –basura- y líquidos de todas las actividades humanas, incluso, las cotidianas –aguas residuales/aguas municipales, gases- sobre los mantos acuíferos, amenazando nuestra sobrevivencia”, advirtió Chocojay.

Argumentó la tesista, que “a pesar de existir un encuadre jurídico de delito ambiental y punible (Art. 347 “A”, Código Penal, Decreto 17-73 del Organismo Legislativo) la población, grupos sociales o sociedades, se desligan de su responsabilidad y la trasladan a la administración municipal, consecuencia de una equivocada cultura o costumbre, junto a una normativa coercitiva solo sobre la autoridad (Sección IV, Art. 102, Decreto 90-97, Código de Salud).”

Al igual que Pirir, Chocojay concluye que en mucho, “el crecimiento de la población sin control o desordenado, así como el consumo de productos en gran escala genera costumbres –irresponsables al crear vertederos por doquier o lanzar desechos a las orillas de las carreteras- que están atentando contra de la naturaleza, y de lo cual a muchos de los que la producen no les interesa en lo más mínimo, colaborando a nuestra autodestrucción al dar origen a enfermedades a todo ser vivo, en general.”

Citó Chocojay, que el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, PNUMA por sus siglas en inglés y del año 2000, describió que “en Latinoamérica, menos del 20 por ciento del agua residual recibe un tratamiento adecuado –plantas de tratamiento en proyectos residenciales o de asentamiento humano- provocando un serio problema que requiere de estrategias eficientes, tanto en los campos tecnológicos como el económico.”

La hoy abogada, describe la situación del problema como un laberinto. Primero, la contaminación no ha sido prioridad a nivel institucional, a pesar de ser un problema de salud y ambiental que se refleja en la falta de un sistema encargado de ofrecer soluciones (recolección y disposición de los desechos sólidos y metabólicos –eses fecales-).

Alega que “la municipalidad aduce falta de recursos y busca donaciones para establecer un sistema, a fin de no asumir el costo político de cobrar la serie de tarifas que necesitaría; la acción recae en una actividad microempresarial ineficientemente o insuficiente; por su parte, la comunidad o población no tiene cultura de pago por servicios públicos –aunque sí se preocupan de tener dinero para satisfacer vicios-.”

En síntesis, Chocojay coincide en que la ausencia de coordinación, la falta de planificación y el incumplimiento de las leyes y normas que definen a cada institución, impiden y entorpecen el control de impactos causados por los residuos sólidos –basura y contaminación de ríos, lagos- al ambiente y a la salud.

¿Soluciones? Chocojay, describe en su entrega de investigación profesional, que entre las soluciones están el reciclaje, la tecnología o dispositivo verde –tecnología ecológicamente amigable- y en el caso de la contaminación del agua, plantas de tratamiento en cada núcleo residencial o comunidad.

Recalca que en el municipio de San Juan Sacatepéquez, existen numerosos botaderos de desechos sólidos y líquidos (huesos de ganado, sangre, plumas de pollo, bolsas plásticas, sobrantes de comida, las aguas negras de desagües de sanitarios) que son arrojadas al rio y a los riachuelos que pasan a orillas de la población, sin olvidar que regularmente también le son lanzadas grandes cantidades de basura. Se les sigue llamando clandestinos aunque estén expuestos públicamente.

Reprocha que “siendo la salud un bien jurídico tutelado en la legislación nacional, así como el valor a proteger por parte del Estado de Guatemala, es preciso determinar cualquier clase de contaminación, pero especialmente la producida por desechos sólidos y líquidos que es una de las más comunes, toda vez que se puede producir por cualquier actividad humana y en consecuencia, se debe encontrar más que una normativa adecuada al tema, voluntad y actitud de toda una sociedad, cada uno de los sanjuaneros.”

“En otras palabras –agrega- lo delicado que es tirar los desechos sólidos y líquidos en cualquier lugar sin ningún tipo de conciencia, responsabilidad o respeto por la naturaleza, en todo caso se está atentando en contra la salud de una comunidad, una sociedad, una nación.”

Informa que en el municipio de San Juan Sacatepéquez, el servicio de la recolección o extracción de basura de las calles, avenidas, casas y mercado municipal, no es prestado por el gobierno Municipal.

Lamenta que “sea un pequeño grupo de sanjuaneros los que hacen el esfuerzo de pagar, mientras que la mayoría que no lo hace por distintas razones, arroja la basura a barrancos, calles, veredas, ríos, etc.”

Cita Chocojay, como ejemplo, que en este proceso de deterioro y destrucción del  medio ambiente y en el tema de urbanización, existen varios casos recientes de colonias residenciales “autorizadas” sin llenar los requisitos de ley, con su respectiva cuota a más de daños a provocar.

Todo esto a pesar que en los últimos años se ha tratado de inculpar a otros procesos de desarrollo que, al decir de sus responsables, cumplen todos los requisitos de la legislación tanto nacional como internacional, y que encuadra con el viejo dicho: se ha intentado ver la paja en el ojo ajeno, cuando hay una troza en el propio.

Hubo una, a la cual se presume, la Municipalidad le dio  “la autorización para la construcción de viviendas residenciales, que no solo derribó gran cantidad de árboles y destruyó el hábitat de la fauna, sino que además, las aguas negras o residuales que generan sus habitantes son depositadas en un río contiguo, el cual albergó en el pasado peces, cangrejos. Todo ello, sin que hayan existido correctivos o auditoría ambiental –de parte del Gobierno Central-.”

Otra realidad más. Chocojay, identifica de suma preocupación, el que “en muchas regiones del municipio de San Juan Sacatepéquez, existen criaderos no controlados de pollos, cerdos, gallinas y destace de ganado bovino, sin estudios de impacto ambiental, mucho menos una autorización municipal, lo cual trae como consecuencia el dar origen a bancos de moscas y malos olores –contaminación del aíre- que tienen como consecuencia una serie de enfermedades para con sus vecinos y áreas circunvecinas por sus desechos, en especial, sobre los ríos.”

Por último, la hoy facultativa del Derecho, expone en su acápite de tesis un reglamento municipal, que permita impulsar correctivos para iniciar un proceso de recuperación ambiental, afectado por la cultura, costumbre o irresponsabilidad de no pocos sanjuaneros que amenazan con destruirlo.

En este orden, se ha tenido conocimiento del surgimiento dentro de la comunidad sanjuanera, de un movimiento “pro transparencia y anti corrupción” y que así se hacen llamar, en busca de motivar correctivos y conminar a la autoridad municipal a que se comprometa a iniciar el trabajo correctivo.

En un comunicado al cuál se ha tenido acceso, el “MOVIMIENTO SANJUANERO PRO-TRANSPARENCIA y ANTI CORRUPCIÓN”, conmina a las autoridades tanto municipales, como del Gobierno Central, a poner atención a los efectos lesivos –ya descritos a lo largo de esta exposición informativa- y a los que se ha sumado una empresa inmobiliaria, la cual identifican como LA ARBOLEDA, S.A.

A su decir, dicha empresa no cuenta con registros de procedimientos en busca de autorización en la comuna sanjuanera, como tampoco, en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en proyectos ya construidos entre seis a cinco años atrás, y ya habitados; existe un último que intentan comercializar, denuncian.

Los identifican como “Las Arboledas El Juyú, La Viña y Zona 4”, las cuales no cuentan en principio, con plantas de tratamiento, además de haber sido construidas en la ilegalidad o indiferencia a la normativa en materia ambiental, municipal y de salud, sin olvidar  la deforestación que provocaron y sin autorización que originó su construcción, con el agravante de no realizar procesos de reposición de la masa boscosa, así como la contaminación del río Paxot.

Otro agravante de este irregular, aunque tradicional en San Juan Sacatepéquez, proceder, lo es el haber sido informados que iniciaron un procedimiento “correctivo” ante el MARN, en busca de las licencias sobre proyectos ya edificados y habitados, para que les sean otorgados dictámenes favorables al falsear fechas en los expedientes: DABI-1204-2016;  DABI-0105-2015 y DABI-0106-2015.

¿Es o no corrupción?, ¿es o no tráfico de influencias?, ¿es o no compra de voluntades?, ¿se convertirá en lavado de dinero y encubrimiento? cuestionan en un envío que realizaron en fecha reciente ante la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN.

Para los denunciantes, crea incertidumbre el hecho que recientemente y en publicaciones oficiales municipales, se proyecte una imagen de “legalidad” a favor de una o todas estas urbanizaciones, cuando se tiene en conocimiento, que no existe en realidad respaldo legal, como licencias o si las hay, estas adolecen de las principales: los estudios de impacto ambiental, hoy, una obligación.

En una serie de consultas respecto al tema, en especial en concordancia con este último, Leonardo Siney Iquite, Sindico Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, comentó: “La Municipalidad lo que hace es tratar de hacer los mejoramientos en las colonias, tomemos en cuenta que este es un problema que viene de hace muchos años y nosotros tenemos solo un año de estar en la Municipalidad y como vienen los vendedores y hacen lo que quieren y muchas veces las personas que están en la municipalidad no pedimos todos los requisitos y por eso es que los vendedores de terrenos y casas hacen lo que quieren.”

“Si hablamos de los ríos, pues si es la principal contaminación. Por eso mismo le decía que nosotros mismos somos los que no tenemos que tirar nuestros drenajes a los ríos, porque sino nosotros mismos estamos contaminando a todo un país”.

“Venden lotes solo por salir del paso y venden sus lotes –urbanizaciones- sin plantas de tratamiento, ni áreas verdes. La Municipalidad nos ha encargado que no pasemos lotificaciones o colonias sin impacto ambiental, permiso de la CONRED, planta de tratamiento o lugares que no completen sus expedientes, porque después son cargas.”

“Si no tratamos la manera de mejorar no sé dónde vamos a ir a parar, en este caso pensando más en nuestros hijos, porque nosotros ya vivimos un nuestro par de años, pero ellos no sé cómo lo van a encontrar”, concluyó.

¿Soluciones más allá de un discurso político o ideológico?

 

En San Juan Sacatepéquez, además de la demanda por acciones correctivas a la ilegalidad en que funcionan varios proyectos comerciales, así como la propia incidencia de su población, han existido propuestas en busca de soluciones. ¿Por qué no se les ha tomado en cuenta o puesto en práctica?, resulta ser la pregunta recurrente.

Cómo ejemplo se plantea la tesis de Maestría en la Facultad de Arquitectura de la USAC, de la Arquitecta Ingrid Elena García Ubeda, bajo el título: “Plan comprensivo para el casco urbano del municipio de San Juan Sacatepéquez, 2010-2030” (http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_2802.pdf ), junto al proyecto que, desde hace 16 años, se ha desarrollado y desarrolla la Asociación de Desarrollo Comunitario Sajcavillá,  hoy a cargo de Carlos Boj, junto a sus cuerpos directivos (con más de 1,200 familias/socios).

García Ubeda, sostiene que “en San Juan Sacatepéquez entre los principales problemas que deben solucionarse es la desorganización urbana.  Se deben tomar acciones más concretas y con lo cual se verían afectados, de manera positiva, otros factores como: movilidad, contaminación, deforestación, entre otros. Lo importante es que la población esté consciente de que existen dichos problemas y que estén dispuestos a contribuir para mejorar la situación en el lugar.”

Señala que “entre los sanjuaneros existe una lamentable costumbre. Se inician proyectos y no se les da el seguimiento respectivo  –¿por recelos político o ideológicos partidistas, por corrupción?-. Esto debería ser algo que cambie ya que un plan debe ser actualizado y modificado, según sean las necesidades de la población en cada época del tiempo de vida del plan. Asimismo, elaborar reglamentos que sean socializados con la población y que se hagan cumplir.”

“Se debe lograr que la población de San Juan Sacatepéquez piense en forma positiva proactiva y no reactiva negativa. Pensar más allá del presente, visualizando el lugar donde habitan a largo plazo y no a corto plazo”, concluye.

Boj, por aparte, comentó que Sajcavillá, es tomado en todo San Juan, como un referente del cómo deben hacerse las cosas. Reconoce que por distintas razones aún no han concluido el plan diseñado desde su creación como asociación y que es el de “plantas de tratamiento”, aunque el de surtido de agua potable y sistema de drenajes ya es una realidad”.

El administrativo explicó que entre los factores permanentes por resolver enfrentan: falta de recursos económicos (una planta y según su diseño oscila entre los Q3 millones a Q21 millones de costo, más un promedio de Q15 mil mensuales por mantenimiento); aunque ya no es un problema mayor en Sajcavillá, la ausente cultura de pago entre los pobladores con una cuota que es menor incluso, al costo de otro tipo de productos (como consumo de gaseosas, consumo de cerveza o licor, etc.).

Explicó Boj, que “de 13 plantas de tratamiento de aguas residuales y de lo cual ya han construido 7, además del servicio de agua potable y la creación de la red de drenaje de aguas domésticas. Su diseño operativo hoy día es estudiado no solo para comunidades sanjuaneras, sino que de otras regiones del país, ante lo cual siempre han estado anuentes a apoyar, puesto que están conscientes que el agua, es vida, y sin esta no existiremos”.

Consultado sobre la legalidad o ilegalidad de frente al daño ecológico a través del asentamiento humano, Boj, comentó que en San Juan existen proyectos habitacionales sin que la autoridad haya exigido o demandado se cumpla con la ley. Indicó que en su mayoría no cuentan con plantas de tratamiento, aunque tal vez si red de drenaje, por lo tanto todo el desecho es lanzado a los ríos con toda su incidencia.

Describió que el agua de San Juan, Sacatepéquez es la más propensa a la contaminación. “Esto es debido que el primer lugar que buscan para tirar la basura es un rio, de igual manera considera que el principal foco de contaminación se encuentra en el rio Pachujen, al cual se están desechando las aguas hervidas; de igual manera en el casco urbano no hay planta de tratamiento, no ha existido por parte de las autoridades municipales que han pasado, la voluntad para arreglar esta situación y por la salida a Cruz Blanca, hay otro rio que es un foco de contaminación ya que contiene basura, animales muertos”, informó.

“Las urbanizaciones están afectando –agregó- cuando se autoriza una lotificadora ya deberían tener su pozo mecánico, su planta de tratamiento, calles pavimentadas, áreas verdes de mitigación y reposición por tala de árboles,

Por último, hizo una reflexión respecto a que para lograr recuperar o ayudar a sanear el agua, se requiere de bastante apoyo, en especial del Gobierno Central, como también de la iniciativa privada responsable pro ecológica. En su caso, agregó, este ha sido uno de los factores que ha permitido a la organización, alcanzar los avances que pueden demostrar.

Como ejemplo, informó que impulsan un proyecto de reciclaje de desechos sólidos. Este, en el 2015, fue galardonado por la fundación Juan Bautista Gutiérrez,  y actualmente se realizan los trámites necesarios en busca del financiamiento a través de USAID.

“El objetivo es que la gente también venga a depositar sus objetos reciclables y sea un mecanismo de educación y de ayuda a la comunidad porque la gente no van a tirar el material reciclable si saben que van a ganar algo de dinero, pero colateralmente, iniciar procesos de educación por conciencia”, puntualizó para concluir.

 

Sí existe un marco legal ___________________________________________________

 

  • En la ley de Guatemala el medio ambiente se encuentra regulado en diferentes cuerpos legales: La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el estado y las municipalidades están obligados a mantener el equilibrio ecológico del país. Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto Número 68-86, regula todo lo relacionado con el sistema atmosférico, hídrico, edáfico, visual.

Ley Forestal, Decreto Número 101-96, regula todo lo relacionado con el aprovechamiento de los recursos forestales de Guatemala; normas fueron creadas con el objeto de evitar las diferentes contaminaciones que se puede causar al medio ambiente en sus diferentes sistemas hídrico, atmosférico y edáfico, en busca de incidir sobre conductas individuales y sociales, con las sanciones que se pueden aplicar a entidades jurídicas y  a personas individuales con el fin de proteger los recursos naturales tutelado por el Derecho Ambiental (Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala).

  • El Código Municipal. aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante el Decreto número 112-2CI02, define las competencias propias del municipio o administración municipal, entre las que destaca el abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y alumbrado público; la administración de mercados, rastros y cementerios; la recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; la pavimentación y mantenimiento de vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos de acceso: la prestación del servicio de policía municipal y la administración del registro civil (por modificación ahora cedida al Registro Nacional de Personas, RENAP).

Como competencia, establece que está a su cargo la regulación del transporte de pasajes y carga; la autorización de las licencias de construcción de obras públicas y privadas; el cumplimiento de normas de control sanitario de la producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas; la gestión y administración de farmacias municipales populares; la promoción y gestión de parques, jardines y lugares

de recreación y la gestión de educación preprimaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe.

  • El Acuerdo Gubernalivo 234-2AO4, que creó en agosto del 2004, la Comisión Nacional para el Manejo de Desechos Sólidos, CONADES, como ente encargado de coordinar las acciones técnicas y legales adecuadas en el manejo de los mismos en el país, derogando la antigua entidad CONADESCO. El órgano consultor y asesor en la formulación y dirección de las políticas nacionales de los desechos.

Su principal aportación, la aprobación en abril de 2005, de la Política Nacional para el Manejo lntegral de los Residuos y Desechos Sólidos, a través del Acuerdo Gubernativo 1 11-2AA5, con una visión de 10 años, en los ámbitos político-institucional, social, económico, ambiental y salud.

  • Instrumentos, como la “Mesa Sectorial Ambiente y Agua”, instalada ya hace 23 años en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, elaboró en 1986, un plan que diseña la institucionalidad ambiental que involucra a más de 15 instituciones con un mandato legal, competencias y presupuesto estrictamente ambientales y cuyas acciones influencian positivamente o negativamente en el tema de ambiente y agua. Empero, sin mayor eficacia real.
  • Estudios predictivos y correctivos de Evaluación de Impacto Ambiental –EIA- del MARN existentes: Categoría B1 “Actividades de Moderado a Alto Impacto Ambiental”; Categoría A “Actividades de Alto Impacto Ambiental”; Categoría C “Actividades de Bajo Impacto Ambiental”; Categoría B2 “Actividades de Bajo a Moderado Impacto Ambiental”.

Esta el Plan de Gestión Ambiental -PGA-   (Instrumento ambiental que contiene las operaciones técnicas y acciones propuestas por el proponente, que tienen como objetivo asegurar la operación  de un proyecto, obra, industria o actividad, dentro de las normas legales, técnicas y ambientales para prevenir, corregir o mitigar los impactos o riesgos ambientales y asegurar a los proponentes, la mejora continua y la compatibilidad con el ambiente.)

 

San Juan Sacatepéquez en ficha

http://www.sanjuansac.com/

 

Los suelos de San Juan Sacatepéquez pertenecen a la Altiplanicie Central,  gran parte de estos se han utilizado para la producción de maíz con sistemas no tecnificados, y sin prácticas de conservación de suelos, lo cual ha provocado erosión.

En cuanto a la morfología, el paisaje del  municipio tiene: 5.48 km cuadrados de tierras de valle que constituye el 2.01 % del área y cuenta con 267.39  km cuadrados de montaña, que equivale a 97.99 %18.   Esto indica que el potencial de producción de la región no está en el cultivo de granos básicos.

Según datos del Ministerio de Agricultura,  Ganadería y Alimentación  –MAGA-,  el municipio de San Juan Sacatepéquez está compuesto por tres zonas de vida:

  1. Bosque húmedo  subtropical  (templado)  con  aproximadamente  un  50%  de cobertura;
  2. Bosque húmedo montano bajo sub-tropical con un 30%;
  3. Bosque seco sub-tropical con un 20%.

El municipio tiene un área total de 8,783.39 manzanas, de las cuales la mayor cantidad de superficie del suelo se usa para cultivos anuales o temporales (53%), seguido  de los bosques con un 19%, a este respecto  es importante mencionar que la tala inmoderada de árboles (deforestación para cultivo agrícola o autoconsumo) ha incrementado la erosión, incidiendo negativamente reduciendo o agotando los mantos frIáticos.

Su clima es variado. En sus lugares altos es frío, la meseta central se conserva templada y la parte baja cálida. Según el Instituto Nacional De Sismología Vulcanología y Meteorología (INSIVUMEH) el promedio de temperatura anual es de 16 a 25 °C, con temperaturas máximas de 24  °C y mínimas de 5 a 10  °C.   El período de menor pluviosidad (época seca) comprende los meses de noviembre a abril. La época lluviosa empieza en el mes de mayo y finaliza en el mes de octubre.

San Juan Sacatepéquez cuenta con abundantes recursos hídricos, entre ellos: 41 ríos, 9 riachuelos y 19 quebradas. Además, en el municipio existen varias lagunas, pero lamentablemente en muchas de ellas el nivel de contaminación es muy alto.

El municipio de San Juan Sacatepéquez,  cuenta con una topografía irregular, bastante montañosa y quebrada, presenta pocas planicies, tiene muchas pendientes y hondonadas.

Está asentado en la región de Yampuc, en una hondonada conocida como Pajul, y fue fundado el dos de julio de 1568 por el Fraile Dominico Fray Benito de Villacañas, el pionero de la evangelización y el primer sacerdote en radicarse en este lugar, quien además dio inicio a la construcción del templo (1575) e inició un ordenamiento para el asentamiento del pueblo.

El nombre del Municipio de San Juan Sacatepéquez deriva de dos fuentes: “San Juan Bautista, patrono del Municipio y dos voces del Kaqchiquel: sacar, que significa hierba y tepet, que significa cerro. Su origen es pre-colonial y fue conquistado por los españoles en el año 1525, y fue ascendido a Villa en 1923.

Con sus 287 km² a 1,845.10 metros sobre el nivel del mar es uno de los municipios más grandes del departamento de Guatemala, y de la región metropolitana de la República de Guatemala. Un uno por ciento de su territorio es de valle, 97.99% de montaña.

En base al Censo Poblacional 2002, cuenta con una población de 152,583, incluyendo todas las colonias y como Ciudad Quetzal, Carranza, La Económica, etc., con un 2.9 % crecimiento de la población anual; 53.5% urbano 46.5% rural. El casco urbano cuenta con 10,420 habitantes; los idiomas predominantes son Kaqchikel y español o castellano.

De esta el 65.44% es indígena y No indígena 34.56%. Densidad poblacional 597 hab. x km2. La Población Económicamente Activa (PEA) puede ser descrita así: 34.39% de la población total, dividida 24.62% hombres y 10.38% mujeres. En Pobreza 40.87 % y Pobreza Extrema 9.48%.

El casco urbano es recorrido por los ríos San Juan, el Manzanillo, Jocoteco, Jordán y el Paxotyá,

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