Estafa al Fonasa: la Justicia incautó material en el BPS y seguirá con interrogatorios

Mientras la Justicia ya lleva decididos seis procesamientos e intenta seguir avanzando en la indagatoria por la millonaria estafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), varios organismos del Estado pusieron en marcha investigaciones para detectar las fallas que permitieron que se concretara el delito.
Una fuente del Banco de Previsión Social (BPS) dijo a El Observador, que el organismo detectó que el año pasado 300 personas aparecieron en sus registros, sin aportar a la seguridad social y vinculadas al desfalco que ahora quedó al descubierto.
El BPS y el Ministerio de Salud Pública (MSP) investigan cómo pudo ser vulnerado el sistema, que en definitiva derivó en que se pagaran las llamadas cápitas (aportes del Fonasa a las mutualistas por cada afiliado) a trabajadores de empresas fantasma y que no pagaban sus aportes sociales.
Según la fuente estatal, la maniobra involucra a empleados de mutualistas y es probable que funcionarios del BPS hayan mirado para otro lado cuando sonaron las alarmas por casos de evasión.

La jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero retomarán este lunes la investigación con más citaciones a personal de mutualistas y del Banco de Previsión Social.

Pero según investigadores del caso judicial, existe la posibilidad de que funcionarios del BPS estén involucrados directamente. De acuerdo con las actuaciones que comenzaron en enero, la Justicia cree que se trató de una asociación para delinquir y que lo probado hasta ahora es solo la punta del iceberg.
Cuando una empresa deja de hacer los aportes por sus trabajadores el BPS envía un aviso a la empresa y de mantenerse la situación, recién al tercer mes le da de baja al trabajador. En el caso de la estafa, antes de que eso ocurriera, los creadores de las empresas daban de baja a la empresa y creaban una nueva, con otros presuntos trabajadores.
La fuente estatal afirmó que esa maniobra hizo difícil detectar la irregularidad porque antes de que el BPS desafiliara al trabajador se cerraba la empresa pero igualmente se aseguraban cobrar las cápitas durante los tres meses en que la empresa estaba operativa.
Por eso mismo, una fuente judicial informó que cuando la jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero tomaron declaración la semana pasada a un gerente del BPS le preguntaron cómo conocían los estafadores la operativa interna del BPS para llevar a cambio la maniobra, ante lo cual el interrogado admitió que obviamente recibieron algún tipo de asesoramiento. La semana pasada además de los responsables de la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATyR) del BPS, declaró ante la Justicia el gerente general del organismo.
A su vez, la Justicia ordenó a la Policía incautar material en ATyR que pueda servir para la indagatoria.
Si bien cuando se conoció la estafa el martes 28 de febrero, la vicepresidente del BPS, Rosario Oiz, y otros directores dijeron desconocerla, luego la jerarca afirmó a El Observador que una investigación iniciada en noviembre de 2016 había detectado empresas dudosas y se identificó al joven de 23 años que ahora fue procesado junto a otras cinco personas por la maniobra contra el Fonasa.
El directorio del BPS presentó el viernes 3 la denuncia penal por el caso ante la Justicia.
Oiz declaró entonces que se realizó una investigación interna en tres empresas unipersonales de las cuáles surgió el vínculo con tres de los procesados y con otras dos personas. “Coincidentemente se trata de los cinco procesados”, agregó.
Además, el directorio nombró a gerentes de confianza para realizar otra investigación interna para determinar cómo pudo realizarse una maniobra durante años con decenas de empresas truchas y cientos o miles de trabajadores que, sin aportar, aparecían como sujetos de derecho de prestaciones.
Ese informe reservado se espera que sea entregado este miércoles al directorio del BPS, cuyo presidente Heber Galli, está de licencia, aunque según se dijo a El Observador, sigue de cerca la evolución de los hechos.
Además, no todos los miembros del directorio estaban al tanto de lo ocurrido, y recién en la próxima sesión se pondrán al corriente de la situación.
Mutualistas bajo sospecha Oiz señaló el jueves que en su opinión debería analizarse “la posibilidad de resarcir al Fonasa si se llega a probar que hay alguna institución (mutual) que actuó con dolo”, dijo a Radio Uruguay.
En el mismo sentido, Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores, dijo a El Observador “que los responsables” de que haya ocurrido la maniobra “son empresarios de algunas mutualistas que compran afiliaciones, algo que está prohibido” por la ley de intermediación lucrativa que lo pena como delito. Ruiz agregó que las mutualistas “son las que se beneficiaron económicamente de esta situación y parece que no se dan por enteradas”. “Espero que la Justicia vaya hasta las últimas consecuencias”, afirmó el jerarca.

La jueza pidió al Banco Central “inmovilizar todas las cuentas bancarias, cofre fort y cajas de seguridad de los imputados que pueda haber en la red bancaria”, según consta en el auto de procesamiento.

Las investigaciones policiales y judiciales están dirigidas en total a siete mutualistas, entre ellas el Círculo Católico, mencionada por la jueza Staricco en el auto de procesamiento de los estafadores. La mayoría de los afiliados ilegalmente por la maniobra pasaban a ser usuarios de esa mutualista aunque no es la única.
Se determinó además que un promotor del Círculo Católico abrió 80 empresas fantasma a nombre de otras personas de las cuales obtuvo la cédula. Ese promotor, con orden judicial de captura, recibía
$ 3.500 por cada afiliación que concretaba para esa mutualista.
Además, la Justicia procesó en la noche del viernes a un sexto involucrado en las maniobras, que también era promotor para el Círculo Católico y cobraba $ 3.500 por cada afiliado que conseguía.
En el Fonasa también se ordenó una investigación para revisar los procesos y detectar fallas. En principio no se encontró ninguna, afirmó una fuente de esa institución. El Fonasa tiene en su padrón a 2,5 millones de personas y paga las cápitas a 43 instituciones de salud públicas y privadas.
Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), organismo que controla al Sistema Nacional de Salud, había señalado que el origen del problema radica en los pagos que hacen las mutualistas para conseguir socios.
El jerarca estimó que el desfalco pudo alcanzar los US$ 900 mil anuales, en una maniobra que al parecer comenzó en 2011, según lo mencionó uno de los procesados, por lo que podría haber llegado a los US$ 5 millones.

Basso irá mañana al Parlamento

El ministro de Salud Jorge Basso y el directorio del Banco de Previsión Social fueron citados para mañana martes por el senador Javier García (Partido Nacional) a la comisión de Salud, para que expliquen cómo a través de empresas fantasma se concretó una maniobra por la cual el Estado pagó cápitas a las mutualistas (unos US$ 60 dólares mensuales por afiliado) correspondientes a personas que no aportaban a la seguridad social.
El senador García dijo a El Observador que le pidió a Basso que inicie una investigación que “vea para atrás si no hay funcionarios desleales”, y luego se “revise para adelante para detectar vulnerabilidades del sistema que evidentemente las tiene”.
García entiende que “se hace imprescindible” que intervenga la Auditoría Interna de la Nación para revisar los procesos de contralor del Fonasa.
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